El 20 de febrero la justicia dará comienzo al juicio contra la referente de ATE Mendoza, Raquel Blas, por cortar una calle, en ocasión de un paro nacional de estatales en 2016. Este proceso se suma a la condena, no firme, de la justicia federal, por el “delito” de acompañar el reclamo de los trabajadores de las barreras fitosanitarias de la provincia, en una acción directa frente al aeropuerto.

Dos días después, el 22 de febrero, está citado Héctor “Tito” Fresina, dirigente del PO mendocino, ex diputado provincial del FIT y militante de la Naranja bancaria. La acusación es adherir a una concentración de la CTA Autónoma en ocasión del paro nacional convocado por todas las centrales sindicales del 6 de abril de 2017. Por esta causa también están imputados Guillermo Polo Agüero, Raquel Blas y Enrique Jasi, asesor del FIT en el Senado. También está en suspenso, por sus fueros, la imputación contra los senadores Víctor da Vila y Lautaro Jiménez del FIT.

En sendos casos el "delito" es la violación del artículo 194 del Código Penal, incorporado por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Este pena la obstaculización o interrupción de la circulación por calles o rutas. Como venimos denunciando, el gobernador Alfredo Cornejo y la justicia adicta gobiernan y responden a los reclamos populares con el Código Penal en mano.

La interpretación unilateral de la ley no es antojadiza, pues busca imponer un derecho individual (el de circular) por sobre un derecho colectivo como es el de reclamar o peticionar. No es un debate jurídico, es la vulneración del derecho más importante, pues el derecho a reclamar es la garantía de poder levantar los derechos vulnerados.

Los procesos judiciales en marcha son parte una campaña represiva general, con especial saña en la izquierda y el sindicalismo combativo. En distintos momentos, diversos funcionarios del gobierno de Cornejo declararon provocativamente a la prensa que pedirían el desafuero de los legisladores señalados, lo que no se concretó.

Una política represiva

Como señalamos en artículos anteriores en Prensa Obrera, esto es parte de una política del gobierno de Cornejo que representa un reforzamiento represivo. Requisito central para hacer pasar una política rabiosamente anti obrera de tarifazos, recortes salariales y pérdidas de conquistas laborales como la estabilidad.

Con las modificaciones al Código Procesal Penal de corte punitivista, la aprobación de nuevo código de faltas, como así también la subordinación de los fiscales al Ejecutivo con el nombramiento del Procurador de la Corte Alejandro Gullé o la discrecionalidad policial para actuar “in fraganti”, el gobierno ha marcado una política de represión y judicialización de las protestas.

En la capital mendocina, la gestión radical viene aplicando un “código de convivencia” que implica multas de 50 mil pesos para quienes concentramos o movilizamos, y han innovado en la acción represiva con multas por ruidos molestos en las movilizaciones. No extraña que el intendente de la ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, sea el candidato radical a suceder a Cornejo, una garantía de continuidad.

También hay que sumar un importante precedente, que es la condena de Raquel Blas en agosto de 2018 por parte del Tribunal Federal N°1 por acompañar a los despedidos del comedor universitario a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo y por un corte que realizaron los trabajadores del Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria). Este fallo, que no conoce antecedes en Mendoza, es una guía para el sin número de casos similares de imputaciones por el artículo 194 del Código Penal (que pena la interrupción del tránsito) sobre los luchadores sindicales, sociales y políticos.

 

Impulsemos una gran campaña en defensa de los luchadores y la izquierda

La represión y judicialización de las protestas es un mensaje a los que nos movilizamos día a día contra la política de ajuste del gobierno.

Con un creciente malestar social por la bancarrota económica, los tarifazos y la carestía de vida lo que urge es potenciar la organización por los distintos reclamos, al mismo tiempo que exigimos el cese de la persecución a los luchadores.

Llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, a sus dirigentes a pronunciarse y acompañar con medidas de acción directa la lucha por el desprocesamiento de los compañeros Tito Fresina, Raquel Blas y todos los luchadores.