La Corte mendocina, en un fallo que hace lugar a lo planteado por la defensa, decidió revocar una condena contra la dirigente sindical Raquel Blas, lo que significa un triunfo para el conjunto del activismo y contra el disciplinamiento de la protesta social.

El hecho por el que se la había condenado fue por un acto que incluyó un corte de calle en el marco de un paro nacional convocado por ATE en febrero de 2016 y con un pedido concreto contra el gobierno que era la apertura de paritarias, lo que representaba un verdadero ataque del gobierno contra las libertades democráticas y el derecho a peticionar a las autoridades.

Sin embargo, la votación fue dividida. Y es que el juez nombrado por Cornejo, Valerio, votó contra la absolución, con argumentos fuertemente persecutorios contra la dirigente sindical y que apuntan contra las protestas sociales y una férrea defensa del Estado frente a los reclamos de los trabajadores.

Pero esto no es nuevo. La imputación contra Raquel fue de los primero intentos del cornejismo por intentar disciplinar al sindicalismo combativo y la protesta social. Después, con el control del Ministerio Público Fiscal, a partir del nombramiento como procurador de su hombre de confianza, Alejandro Gulle, las persecución y el armado de causas contra activistas ha sido una constante, en base a una argumentación en defensa de una seguridad estatal, muy similares a las doctrinas usadas en EE.UU, lo que no llama la atención dado los fuertes vínculos de Gulle y la jueza Teresa Dey con el FBI y la embajada norteamericana.

Por esto, desde el Partido Obrero hemos ido a fondo denunciando estos atropellos, con campañas por la absolución de Raquel Blas y todos los luchadores que han sido imputados y que ha incluido pronunciamientos firmados por activistas de todo país y agitaciones en defensa de las libertades democráticas.

Queda claro que solo con la lucha contra estas políticas represivas es que podremos garantizar una defensa de nuestras libertades democráticas y el derecho a la protesta.

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