Este jueves 14 a las 8.30hs se realizará una audiencia judicial en la que la Jueza Montaldi decidirá si los compañeros del Polo Obrero que estuvieron detenidos en abril, junto a otros imputados en la causa, serán llevados a juicio oral. Esto después que el fiscal Giunta solicitara una audiencia de acusación contra los compañeros del Polo Obrero y ampliará las imputaciones sobre un compañero del FOL y al referente provincial del Frente de Izquierda-Partido Obrero Víctor da Vila.

En un escrito muy breve, el fiscal sostiene que los imputados habrían violado el Artículo 194 del Código Penal y cita como pruebas solo actas e informes policiales y documentación de la propia fiscalía, es decir, ninguna prueba real. Ya con las detenciones, el fiscal Giunta actuó armando las causas acumulando expedientes e imputaciones que nunca fueron notificadas y por las que procedió a la detención de Martín y Lorena con el argumento de reiterancia, es decir, por acumular causas que fue lo que hizo a escondidas el fiscal.

Quienes llegaron al gobierno llamándose a sí mismos republicanos que buscaban defender la división de poderes, actúan persiguiendo opositores y luchadores con el Ministerio Público Fiscal como herramienta. Que sea el fiscal Giunta que persiga estos casos no es menor. En primer lugar, porque estos tipos de “delitos” debieran ser investigado por fiscales correccionales, sin embargo, todas las causas anteriores que fueron investigadas por fiscales como Perassi, Cobos o Vega han sido solicitados los sobreseimientos por falta de prueba o desestimadas la imputación.

Por otro lado, el fiscal Giunta fue removido de su fiscalía anterior, la de violencia de género, por ser denunciado por su expareja por violencia de género, lo que muestra una intencionalidad del gobierno en proteger al fiscal que simplemente fue trasladado de fiscalía. Es evidente que Giunta cumple de peón del gobierno que no pudo disciplinar a los fiscales correccionales para perseguir a los piqueteros. Esto se refuerza cuando el fiscal de tránsito termina investigando los robos poblados y en bandas en el caso de los supuestos saqueos. Estamos ante el Oyarbide mendocino.

Esto, sumado a que se busca criminalizar a un dirigente del Frente de Izquierda que hasta hace unas semanas fue precandidato a gobernador, demuestra que estamos ante un caso de persecución política por parte del gobierno y la Justicia mendocina. Un salto en el resentimiento de la política represiva que ahora incorpora un ataque directo a las libertades democráticas, en particular a los derechos políticos y de opinión.

Si con las detenciones el gobierno buscó desmovilizar al movimiento piquetero en frente común con el gobierno nacional, ahora buscan aleccionar y amedrentar a quienes luchan para poder proceder a un ajuste más brutal sobre la población sin esperar una reacción de parte de los sectores populares.

Por esto es fundamental la exigencia de sobreseimiento de Martin Rodríguez, Lorena Torres, Jimena Báez, Víctor da Vila y Ernesto Huerta como también de todos los imputados por luchar. Es fundamental establecer una política de frente común para enfrentar la intentona de criminalizar la protesta social y a quienes luchan. Por esto llamamos a las organizaciones obreras y combativas a pronunciarse. Es preciso sumar a los gremios, a los movimientos de derechos humanos y a los movimientos sociales, para enfrentar las persecuciones políticas del gobierno mendocino.

¡Abajo la elevación a juicio! ¡Ningún imputado ni detenido por luchar!

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