La justicia mendocina imputó, por orden del gobernador Alfredo Cornejo, a los compañeros docentes Martín Dalmau, Pablo Masutti y Alejandra Castelli, por el artículo 194 del Código Penal. El “delito” sería la realización de una asamblea de delegados del SUTE el 4 de junio del 2018, frente a la Subsecretaria de Trabajo de la provincia, cortando la calle Rondeau. Durante aquella asamblea de delegados, que sesionaba mientras los miembros paritarios se encontraban reunidos con el gobierno, la Infantería reprimió para intentar desalojarla.

El operativo persecutorio fue dirigido por la fiscal Gabriela Cobos, quien pidió las imputaciones de distintos miembros del secretariado del SUTE. Es la misma fiscal que imputó a Raquel Blas y otros trabajadores por una acción de ATE en 2016, y volvió a procesar a Blas y a Tito Fresina (en ese momento diputado provincial), en ocasión de un paro nacional.

Las imputaciones no son casuales, los 3 imputados son destacados luchadores.

Martín Dalmau es un histórico dirigente de Tribuna Docente y fue diputado provincial, lugar desde donde defendió la educación pública y sus trabajadores. Llevó a la Legislatura los reclamos de las escuelas sobre las condiciones edilicias, laborales, sobrepoblación, programas precarizadores, contra la introducción del ítem aula, y fue un destacado organizador contra la ley educativa provincial que se intentó imponer en 2014. 

Alejandra Castelli es una defensora de los trabajadores en materia de salud laboral. Fue quien acompañó a los primeros docentes en casos de graves enfermedades que fueron castigados por el ítem aula, en base a lo cual el gobierno se vio obligado a flexibilizar su aplicación.

Pablo Masutti es un reconocido dirigente en temas educativos y contra las reformas antieducativas en curso.

Las concentraciones, las marchas, los paros, son una herramienta histórica de los trabajadores para pelear por sus reclamos, no son un delito. El gobierno de Alfredo Cornejo responde a los reclamos con el Código Penal, mientras mantiene a las escuelas en condiciones precarias, condenando a los niños a tener clases sin calefacción con temperaturas bajísimas, y ataca los derechos y salarios de la docencia.

Desde el SUTE, Tribuna Docente y la Coordinadora Sindical Clasista, redoblaremos la campaña contra la criminalización de la protesta y por el desprocesamiento de los luchadores.