Mendoza se ha transformado en un laboratorio de criminalización de la protesta social, persecución de los luchadores populares y violación de las libertades democráticas y políticas. El ensayo general que puso en marcha Alfredo Cornejo es lo que Javier Milei y Patricia Bullrich están intentando aplicar en la nación con el protocolo antipiquetes, el endurecimiento de la legislación represiva e incluso la aplicación de la anticonstitucional “reiterancia”. En la provincia, la Justicia y la policía actúan como herramientas del Poder Ejecutivo de acuerdo a sus necesidades políticas, manipulando y armando causas.

La Justicia convocó a una audiencia para el día 26 de marzo donde deberá definir si eleva a juicio las imputaciones contra Víctor Da Vila, Lorena Torres, Jimena Báez y Ernesto Huerta, dirigentes de la izquierda y movimientos piqueteros. Estas se suman al procesamiento de Nora Moyano, activista de las asambleas del agua; la audiencia de elevación a juicio contra Raquel Blas y Roberto Macho el próximo 14 de marzo, el pedido de desafuero de Carina Sedano, secretaria general del sindicato docente y la condena arrancada bajo la extorsión del encarcelamiento sin plazos contra Martin Rodríguez, dirigente del Polo Obrero.

Las imputaciones son por distintas movilizaciones populares que tienen por centro la lucha por los reclamos populares de la provincia, frente las políticas de ajuste que se vienen aplicando.

La discrecionalidad es manifiesta en movilizaciones masivas, como la que tuvo oportunidad durante el último paro de la CGT, donde fueron imputados compañeros que acompañaron la movilización y que formamos parte de las organizaciones contra las cuales el gobierno apunta sus cañones. Entre miles siempre se imputa al mismo puñado de compañeros.

El argumento para la persecución es que cortar o entorpecer el funcionamiento de los medios de transporte es un delito, en una interpretación taxativa del artículo 194 del Código Penal. Esto incluso cuando la corte suprema de justicia de Mendoza tiene antecedentes que determinan que no es delito cortar una vía en el marco de una protesta social, siempre y cuando haya vías alternativas. Ni la Justicia ni el propio Ministerio de Seguridad son consecuentes con esto, pues cortar media calzada no significa delito. Al mismo tiempo los festejos deportivos, religiosos o culturales no serían delito porque tiene autorización del gobierno, es decir que la interpretación de la ley por parte del gobierno se reduce a su arbitraria autorización. En el caso de una movilización con reclamos dirigidos al gobierno la autorización es obviamente rechazada, además de negar el derecho constitucional a peticionar frente a las autoridades. La discrecionalidad y arbitrariedad son manifiestas.

La (in)justicia

El rol de la justicia es clave. Para detener a los manifestantes se utiliza la figura de la “reinterancia”, que no tiene nada que ver con la “reincidencia”. Se trata de la acumulación de denuncias, lo cual habilita al fiscal a mantener detenida una persona hasta 10 días, sin juicio previo ni intervención de un juez. La extorsión de las detenciones es estirar este plazo bajo el argumento de un presunto entorpecimiento de las “investigaciones” u otros argumentos. Esta figura es la que se utilizó para mantener detenidos una semana a Martin Rodríguez y Lorena Torres durante una semana el año pasado. Al día de hoy nadie puede explicar por qué estuvo detenido cuatro días Víctor da Vila, ya que no se aplicó ni la reiteración ni ninguna otra figura y el circuito de averiguación de antecedentes y papelería se había terminado la mañana siguiente al día de su detención.

En este punto sobresalen dos nombres, el del fiscal, Fernando Giunta, y su jefe, Darío Tagua, que se repiten en todas las imputaciones de los compañeros. Todas las causas de esta índole van a parar a ellos, síntoma de un plan de percusión organizado. En el último período, Giunta lleva el 100 por ciento de las investigaciones por cortes de calles, quien tuvo denuncias por violencia de género y es sostenido con uñas y dientes por el gobierno provincial. A esta altura, Giunta debería ser apartado de todos estos procesos.

Esto está lejos de ser un problema de tránsito, es un intento por amedrentar a quienes impulsan la pelea por el salario y el trabajo en un cuadro social y económico que sufre la mayoría del pueblo trabajador. Entendemos que esto es un esfuerzo por aleccionar a quienes impulsan los reclamos populares, por lo tanto es necesario reclamar el archivo de las causas y también luchar por impugnar la condena contra Martin Rodríguez, la cual fue impuesta con métodos de extorsión.

¡Abajo las causas a los luchadores!

Debemos ser claros, los luchadores populares estamos bajo el ataque del gobierno y el conjunto de las instituciones estatales, para impedir el derecho de movilizarse para defender los reclamos populares.

Es prioritario rechazar la política de criminalización de Alfredo Cornejo y Milei-Bullrich, pues está en juego la defensa del derecho más importante que es el de reclamar, el único derecho que permite recuperar los derechos perdidos y avanzar sobre nuevos.

En un cuadro de guerra contra el pueblo trabajador, sin precedentes, no se puede admitir la supresión del derecho a la protesta, la violación de las libertades democráticas y la limitación de los derechos políticos.

Bajo estas consideraciones impulsamos una movilización independiente el 24 de Marzo, en un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76´e invitamos a participar del encuentro antirrepresivo, por las libertades democráticas y el fin de la criminalización a los luchadores populares el 20 de marzo.

Exigimos la apertura del archivo de las causas contra Víctor da Vila, dirigente del FIT y el PO, Lorena Torres, Jimena Báez, dirigentes del Polo Obrero y Ernesto Huertas, dirigente del FOL, el desprocesamiento de Nora Moyano, activista de la asamblea por el agua pura, y la anulación de la condena contra Martin Rodríguez. Abajo el pedido de desafuero contra Carina Sedano, secretaria general del sindicato docente.

https://prensaobrera.com/politicas/plan-de-lucha-hasta-la-huelga-general

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/organicemos-un-24-de-marzo-independiente-y-de-lucha-con-el-encuentro-memoria-verdad-y-justicia/