En la Cámara de Senadores de Mendoza avanza el pedido de desafuero contra el senador Marcelo Romano (del Partido Protectora), a pedido de la fiscal Gabriela Cobos, y que busca condicionar o bloquear la actividad política del mismo.  El radicalismo y sus socios tiene los votos necesarios y aprobarían el pedido en la sesión del este martes 26 de mayo.

La acusación que recae sobre Romano es por resistencia a la autoridad, un delito menor que suele utilizarse arbitrariamente, a partir de su intervención en un confuso episodio entre la policía  y su hija. La acusación es sostenida solo por los testimonios aportados por el Ministerio de Seguridad que comandaba el ministro Gianni Venir, e incluye idas y vueltas sobre la legalidad del proceso ya que a Romano no se la habría dejado presentar las pruebas y defensas correspondientes.

La fiscal Cobos es la misma que imputó a legisladores del FIT por cortes de calle en el marco de un paro general. Son muestras, ambas, de manipulaciones a la medida del oficialismo que, en este caso, busca condicionar la actividad política de Romano, siguiendo el modus operandi que implementó  Cornejo para perseguir a los luchadores y opositores políticos.

Con la colaboración de su hombre de confianza, el procurador de la Corte, Alejandro Gulle y el control del cuerpo de fiscales, Cornejo utilizó el ministerio público fiscal y otras herramientas,  como abultadas multas durante las manifestaciones, para intentar maniatar a activistas, sindicalistas y opositores. Incluso amenazó con desaforar a los legisladores del FIT.

El proceso consistía en utilizar la inteligencia policial para identificara los objetivos y luego, fiscales como Gabriela Cobos,  usaban fotos brindadas por inteligencia y los testimonios policiales para imputar por violaciones al artículo 194, forzando su encuadre penal.

El caso de las multas, son impuestas por la Municipalidad, sin más pruebas que un papel firmado por un preventor.  Luego, en un proceso ante la misma Municipalidad que oficia de juez y parte, el mismo se desarrolla de manera arbitraria y sin ningún tipo de garantía.

De esta manera casi una docena de imputaciones cayeron sobre dirigentes sindicales, políticos y sociales del FIT con especial saña sobre nuestra compañera Raquel Blas y el ex Senador Víctor da Vila. En todos los casos se trata de luchas de trabajadores contra despidos y en defensa de salario o en concentraciones en reclamo de alimentos.

Es claro que Suárez y el radicalismo pretenden profundizar esta política para perseguir a sus adversarios políticos y buscar así disuadir de cualquier intento de movilización en un contexto de profundización de la crisis provincial y nacional, que buscan descargar sobre los trabajadores.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad luchamos y abogamos por la preservación de los derechos democráticos sin ningún tipo de condicionamiento y por la libertad de expresión. Por esto, rechazamosel pedido de desafuero del senador Marcelo Romano así como pedimos el inmediato archivo de todos los procesos contra los luchadores y los dirigentes del FIT.