Lucas Carrasco, un joven de 22 años, fue asesinado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía mientras reprimían a hinchas de Independiente Rivadavia, la lepra mendocina, a la salida de un partido en marzo de 2014.

Después de casi 5 años, finalizó el segundo juicio contra el policía Diego Guzmán por el asesinato de Lucas. El Tribunal condenó al policía a la pena de tres años de prisión por "homicidio en exceso del cumplimiento de su deber", pero el uniformado no irá a la cárcel.

El argumento del “exceso” apunta a legitimar el accionar de la policía y opera como un artilugio legal para esconder la impunidad, ya que no fueron siquiera procesados el jefe del operativo, el comisario a cargo de la zona, ni el ministro de Seguridad en funciones al momento del crimen.

Desde el comienzo el Poder Judicial actuó para voltear esta causa. En 2016 se inició un primer juicio contra Guzmán, pero el proceso judicial fue anulado luego de que uno de los jueces se ausentara en forma reiterada de las audiencias convocadas por el tribunal. El juez “faltador” es José Valerio, quien de la mano del gobernador Alfredo Cornejo llegó a convertirse en miembro de la Corte de Justicia de Mendoza. Hombre de mano dura, fue puesto allí para defender la política represiva del gobierno.

A enfrentar contra estas chicanas judiciales y contra la impunidad, exigiendo justicia y organizando la lucha contra el gatillo fácil, dedicó sus últimos años Viviana Espina, madre de Lucas, hasta que tras tantas presiones se suicidó en 2017.

La Justicia y la doctrina Chocobar

Este fallo contribuye al intento por legalizar el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad. Es la aplicación de la doctrina Chocobar de Bullrich, y también de la política represiva de Cornejo, quien ha avanzado en reformar con esta orientación el Código de Faltas. Es lo que convirtió en moneda corriente las razias policiales en distintos barrios de Mendoza como el Santa Terecita o el Lihue, donde fue herida de bala una compañera del Polo Obrero con su beba. Otro aspecto es la criminalización de la protesta y el enjuiciamiento de luchadores, como la condena a Raquel Blas o la persecución a los parlamentarios del FIT como Tito Fresina, y la represión a los trabajadores como en Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén o contra un plenario del SUTE (sindicato docente).

En un cuadro de creciente malestar social por la bancarrota económica, los tarifazos y la carestía, la represión es la forma de imponer el ajuste capitalista y el acuerdo con el FMI contra la reacción obrera y popular. Por eso es una impostura el intento del kirchnerismo de mostrarse como una salida a este reforzamiento represivo, mientras asegura que prolongará el acuerdo con el Fondo Monetario. Finalmente, fue bajo su gobierno que la Gendarmería hacía espionaje a las organizaciones populares con el Proyecto X, pusieron a Berni a reprimir las luchas obreras y al genocida Milani al frente del Ejército. Actualmente, Unidad Ciudadana plantea ante la inseguridad la instalación de más comisarías en los barrios, cuando es justamente el hostigamiento policial lo que se sufre en las barriadas y actúa de garante para el delito organizado. 

Solo el Frente de Izquierda-Unidad plantea la derogación de los Códigos de Faltas y de Convivencia,  y el desmantelamiento del aparato represivo para terminar con el gatillo fácil y el estado de sitio contra la juventud en los barrios humildes.

Nos solidarizamos con la familia de Lucas Carrasco, y seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de su asesinato.