Este martes 28 de septiembre, dos compañeras del Polo Obrero de Mendoza fueron imputadas por el fiscal correccional Gustavo Fehlman. El “delito” de que se las acusa es por violar el artículo 194 por haber sido parte de la jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero el 21 de septiembre pasado y que en Mendoza movilizó a unos 10 mil compañeros exigiendo alimento para los comedores y trabajo genuino.

Es de notar la velocidad con la que el fiscal Fehlman decidió la imputación de las compañeras, y es que en tan solo 6 días después de la movilización fueron notificadas ambas compañeras de que debían presentarse en la oficina fiscal, aunque sin que se les informara correctamente que iban a ser imputadas y que podían concurrir con su abogado.

Pero esto no llama la atención. El fiscal Fehlman es uno de los fiscales “amigos” del poder ejecutivo, lo que da cuenta de que esto es una decisión política después que medios afines al gobierno presionaran por una respuesta represiva a las movilizaciones que viene realizando el Polo Obrero en la Provincia.

Es evidente que, de esta manera, el gobierno de Rodolfo Suárez busca desviar el eje del debate sobre la situación económica de la provincia dando un salto en su verborragia y su política represiva.

En este marco la persecución sobre estas compañeras demuestra con ridiculez la intención de tapar la realidad con el código penal. Quienes se preguntan por qué se movilizan 10 mil piqueteros deben mirar de frente la realidad mendocina en donde la pobreza escaló al 45% de la población, 6 de cada 10 niños viven en hogares pobres y el 43% de la población económicamente activa tiene problemas de trabajo.

El Polo Obrero ha sido sistemático en lucha contra esta situación que sufre gran parte de la población mendocina y por eso es que moviliza 10 mil compañeros y compañeras. Mientras, el gobierno, garantiza los negociados de empresarios parásitos que viven de los recursos del Estado y subsidia con millones a las grandes bodegas que ganan en dólares mientras pagan miserias a sus trabajadores.

¿No es indignante acaso que mientras miles de pibes de las escuelas públicas no pudieron estudiar durante 2020 y gran parte del 2021 el estado financie con 6500 millones de pesos al año a la educación privada? ¿No indigna ver cómo rescatan a empresarios con millones de dólares o pagan jugosas pautas de “publicidad” a los medios mientras miles de familias tienen que llevar a sus hijos a comer a los comedores populares?

Resulta escandaloso y clarificador que se busque criminalizar a dos personas que se organizan contra el hambre en sus barrios mientras que delincuentes como el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos siga sin ir preso, o que el exconcejal Forquera, que renunció a su banca por robar a sus secretarios, haya sido premiado con un trabajo en OSEP.

Criminalizar al Polo Obrero y a dos compañeras que organizan cientos de comedores contra el hambre y se movilizan por trabajo y vivienda para así poder cerrar los comedores y que cada pibe coma en su casa, significa ser miserable y cómplice del hambre y la pobreza que azotan a la provincia y el país.

Es por esto que llamamos a los activistas, sindicatos, organizaciones sociales y al conjunto de la población a repudiar estas imputaciones y a derrotar esta avanzada represiva.

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