Luego de la audiencia donde el gobierno de Alfredo Cornejo y la fiscalía a cargo de Darío Tagua y Fernando Giunta condenó a Martín Rodríguez, hemos presentado un recurso de apelación a la misma, la cual expresa nuestro rechazo a una condena injusta impuesta por una extorsión estatal violenta.

Martín Rodríguez fue detenido bajo la figura de la “reiterancia” después de un proceso de persecución judicial de más de dos años, una detención previa y el armado de ocho causas por parte de la justicia provincial, concentradas todas por el fiscal Giunta. En esas condiciones, la fiscalía presionó amenazando con el dictado de una prisión preventiva hasta el juicio, de fecha incierta, y que presentaban con un resultado puesto, amenazando con una condena de hasta 16 años de prisión. Esta persecución tuvo por objeto quebrar la lucha llevada adelante por el movimiento piquetero combativo de la provincia y particularmente por el Polo Obrero.

La aceptación del juicio abreviado por parte de Martín fue producto de esta extorsión del Estado y el gobierno, quienes utilizaron todos los mecanismos (fiscalía, policías, cárcel, etc.). El Estado detuvo a Martín en forma selectiva, por su participación en dos movilizaciones donde habían concurrido miles de activistas y decenas de organizaciones.

De esta forma, a pesar de que siempre nos mantuvimos a derecho (nos presentamos cada vez que nos citaron, cumpliendo las reglas de conducta), no solo fue detenido, sino que se estableció la amenaza de permanecer en una cárcel común, sin garantías de seguridad, mientras durara el juicio, ya que fueron rechazados por la fiscalía los pedidos de caución o probation. Rechazos totalmente deliberados, ya que fiscales anteriores habían pedido el cierre de las causas donde había sido imputado Martin por falta de prueba y se dictó el sobreseimiento.

Giunta, mientras Martin había sido trasladado a la entrada de la cárcel, propone como condena entre 6 meses a 14 años de prisión efectiva (una condena desproporcionada considerando que no habían condenas anteriores) en un cuadro de total incomunicación con la organización y dos visitas de 10 minutos con la representante legal, previas a la audiencia del 6 de febrero.

El juicio abreviado como una herramienta de extorsión estatal

La detención de Martín, la negativa a otros recursos (caución, probation), la condena desproporcionada, la incomunicación total y la posibilidad de que el juicio transcurriera en prisión, estableció un encierro hacia un juicio abreviado, donde la decisión fue en ese contexto. Cuando se trata de perseguir trabajadores, la justicia burguesa y el Estado adoptan una posición de clase y es por eso que rechazaron el recurso de apelación con argumentos de forma.

El camino a seguir es profundizar una campaña en defensa de las libertades democráticas para pedir el cierre de las causas de Víctor, Lorena, Jimena, Ernesto y de todos los y las luchadoras populares, y ver la posibilidad de apelar en una instancia mayor la condena de Martín.

Vamos pronto a un encuentro con activistas de derechos humanos, organizaciones y sindicatos con esta consigna y exigiendo que cese la criminalización de la protesta social. No aceptamos ninguna condena del Estado, defendemos nuestro derecho a luchar y organizarnos porque los que deberían estar condenados son quienes nos han llevado al hambre, miseria y pobreza en este país.

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