A mediados de marzo, la municipalidad de la ciudad de Mendoza firmó un convenio con la municipalidad de San Miguel de Buenos Aires para implementar un sistema de vigilancia ciudadana llamado “Ojos en Alerta”, donde se podrían denunciar delitos y situaciones sospechosas a través de WhatsApp.

Sin embargo, esta medida no termina ahí, sino que para sumarse a este programa hay que inscribirse en la municipalidad y esta se encargará de capacitarlos para desarrollar la tarea, es decir, se trata de un verdadero reclutamiento de voluntarios por parte del municipio. 

Esta política ya fue anunciada por el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, quien antes fue jefe del cuerpo de preventores de la ciudad. En declaraciones a los medios, anunció que quería sumar a la política de seguridad de la provincia a los municipios, incluir a los agentes de la seguridad privada e implementar el sistema Ojos en Alerta para la provincia, centralizando esta política en un observatorio de seguridad ciudadana.

Pero esto no se trata simplemente de profundizar la política represiva de Cornejo, que se basó más en legitimar el rol de la policía equipándola y dándoles herramientas legales como el código de faltas. Si no que se trata de giro de características fascistas que pretende reforzar el aparato represivo estatal estableciendo un programa de buchones ciudadanos y dándole más competencia a los preventores municipales para que actúen como auxiliares de la policía.

Es sabido que el principal rol que han jugado la patota de preventores, al mando de Suárez y Levrino, de ningún modo ha sido el de garantizar seguridad a la población, sino que ha sido el de reprimir a los artistas callejeros, vendedores ambulantes y a la población de las barriadas más humildes, principalmente a la juventud, sumando la criminalización de la protesta y la persecución de luchadores a través de multas arbitrarias y exorbitantes. Sin mencionar la ligazón de estas fuerzas con el delito, como el crimen organizado o la trata de personas.

No es prevención es represión

En el marco de la crisis desatada con el coronavirus esta política represiva ha quedado al descubierto. Con un total de 2.500 detenidos al día de la fecha y la policía patrullando con métodos de la dictadura las barridas obreras y más humildes de la provincia, es evidente que se está buscando garantizar el amedrentamiento contra la clase trabajadora y los pibes, y se preparan frente a un posible accionar de lucha contra el hambre. 

Saben que la política del gobierno provincial de garantizar la rentabilidad del capital y de mantener una política de subsidios es incompatible con la realidad de los trabajadores, los desocupados y la juventud. Las medidas que están anunciando para paliar el hambre y la carestía durante la cuarentena son aspirinas para una situación terminal económica y social.

Una medida extraordinaria en la lucha contra la pandemia, como es la cuarentena, no puede significar un virtual estado de sitio ni una excusa para el disciplinamiento social o el ejercicio de un control represivo sobre la juventud y las barriadas obreras, mientras que las patronales son eximidas de cumplirla o la violan obligando a sus trabajadores a concurrir a sus puestos laborales sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Necesitamos una salida de fondo que resuelva las necesidades de la mayoría de la población y no que priorice sus acuerdos con el imperialismo y las ganancias de unos poco acosta de palos y pistolas, poniendo en juego la salud de toda la población trabajadora. 

Tenemos que repudiar cualquier medida que signifique un reforzamiento del aparato represivo del estado y redoblar el esfuerzo por colocar en escena los reclamos populares.