Las audiencias del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra que se realizaron en enero estuvieron signadas por las declaraciones de varios  imputados. Entre el 15 y el 18 de enero, pasaron por el estrado Juan Carlos Fernández (el segundo de Pedraza completó su indagatoria, que había quedado inconclusa desde la última audiencia del año pasado-; los patoteros Gustavo Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Daniel González, y el subcomisario Luis Echavarría, de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal. También se reprodujeron varias de las escuchas capturadas durante la investigación, principalmente las de los teléfonos de Pedraza y Fernández.

Fernández

Juan Carlos “Gallego” Fernández se prestó a contestar preguntas de las partes y del tribunal.

El contenido de su declaración, antes del receso de enero, había quedado destruido por lo escuchado en las grabaciones de sus diálogos con Héctor Messineo (jefe de recursos humanos de Ugofe), con Ricardo Vitali (jefe de seguridad de Ugofe), y con el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien actualmente está imputado por la masacre de Once. En ellas quedaron al desnudo las motivaciones políticas del crimen de Mariano, la participación del “Gallego” en el encubrimiento y la defensa de la patota, su rol de patrón en la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur e, incluso, su protagonismo y su enorme incidencia en las decisiones de la concesionaria.

A Fernández no se le podía escapar que aquello que negaba en sus dichos está probado por las escuchas y los documentos secuestrados en su oficina. El acusado agravió a las víctimas del ataque, al decir ante el tribunal que “nosotros no mandamos a matar a nadie. Sería darles una bandera a los grupos estos”.

Los jueces le preguntaron cómo debían interpretarse los dichos de Antonio Luna, acerca de que “ésto no es un ataque contra la Unión Ferroviaria, sino contra todo el sistema”. En la respuesta de Fernández se filtró el verdadero sentido de la “defensa del sistema”: las concesiones y los subsidios del ferrocarril con su red de corruptela, “el sistema” que provocó primero el asesinato de Mariano Ferreyra y, poco después, la masacre de Once y sus 52 víctimas.

Los patoteros

Gustavo Alcorcel, delegado de los talleres de Escalada, fue quien monitoreó la llegada de Favale y su grupo a Barracas, así como el encargado de recibirlo. Dijo que aquel 20 de octubre había llegado a Avellaneda… para encontrarse con una ex novia. No pudo explicar las nada menos que 40 comunicaciones que mantuvo con Favale ese día, desde la primera hora de la mañana hasta casi la medianoche.

Pérez, portero en los talleres de Escalada, fue quien retiró las armas del lugar del hecho y formó parte del grupo que amenazó a los periodistas de C5N. Se desdijo de lo que había declarado contra los coimputados Alcorcel, Favale y Pablo Díaz -no en una sino en dos oportunidades- durante la instrucción. Su declaración fue lamentable y terminó de derrumbarse ante las preguntas del tribunal.

Por último, declaró González, el energúmeno de cuello ortopédico que aparece en las imágenes de C5N, insultando a los manifestantes. “Gonzalito” negó haber amenazado a los periodistas y dijo que estaba preso simplemente por “hablar exaltado”.

Los tres hicieron referencia a la presencia de un supuesto tirador del lado de los manifestantes. Estrictamente, solo Pérez dijo haberlo visto, aunque no pudo aportar una descripción. Las pericias desmintieron hace rato esta especie, pergeñada bajo la batuta de Fernández y los abogados de la Unión Ferroviaria- mucho antes de que la mayoría de los miembros de la patota fuera encarcelada. En las escuchas telefónicas, un delegado dice a Fernández que tiene una persona “dispuesta a declarar” que vio un tirador del otro lado. La respuesta de Fernández fue que “lo mejor, primero”, era “amenazar con ello”.

Echavarría

Echavarría fue el único policía que, hasta el momento, declaró en el juicio oral. El 20 de octubre, estaba a cargo de la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal. Desde allí, se monitorean todos los operativos que la policía realiza en torno a movilizaciones populares y eventos deportivos.

Echavarría responsabilizó directamente al poder político por la actuación de la policía. Dijo que, ante las manifestaciones públicas, los jefes de la fuerza reciben instrucciones políticas específicas. Puso como ejemplos el desempeño de la Federal ante el acampe de los docentes de Santa Cruz frente al Ministerio de Trabajo (donde, dijo, “la orden de la secretaria de Seguridad, Cristina Camaño, fue desalojar”) y los incidentes del mes pasado en la Casa de Tucumán. Su declaración ratifica que aún debe ser investigada la responsabilidad de los funcionarios políticos, empezando por Aníbal Fernández, quien al momento del crimen de Mariano era jefe de gabinete y tenía a su cargo a la Policía Federal. Sin dudas, la colaboración de la policía con la patota, así como su activa participación en la emboscada criminal, no tuvo nada de improvisado.

Las escuchas

En estas tres audiencias, se reprodujeron en la sala varias de las escuchas judiciales de las líneas telefónicas de Pedraza y Fernández.

El contenido de las escuchas es concluyente respecto al papel que jugaba cada uno de ellos dentro de la estructura de la Unión Ferroviaria. La jefatura de Pedraza es inapelable. Fernández, como organizador, está a cargo de poner en marcha el encubrimiento y la ‘estrategia jurídica’ de la patota; también, de complotar contra el pase a planta de los tercerizados. Esto, en permanente contacto con Pedraza. Por su parte, el secretario general aparece siguiendo al dedillo los avances de la investigación e interviniendo activamente en la tentativa de sobornar a los jueces de la Cámara de Casación, para obtener la libertad de los primeros detenidos y mejorar, así, su propia situación en la causa. De esos diálogos, se desprende también que los camaristas estaban plenamente dispuestos a participar de la maniobra. Sin embargo, el juez de instrucción, Luis Rodríguez -recientemente ascendido por el gobierno a un juzgado del fuero penal-, los sobreseyó.

El juicio se reanudará el 4 de febrero, con la inspección ocular en Barracas y Avellaneda.