Acusando a 18 activistas de distintas corrientes de izquierda, el ministro de Gobierno de Mestre salió a denunciar un plan de desestibilización del gobierno provincial. Como prueba, Aguad presentó un video con varias movilizaciones (desde la quema de la Casa Radical en el ‘95 hasta el desalojo del hospital Misericordia, en febrero de este año). Todo el espectro político patronal desechó el video como prueba sustancial para hablar de ‘desestabilización’, pero recomendó al gobierno iniciar rápidamente el juzgamiento del activismo o acelerar los procesos ya existentes (que abarcan a muchos más activistas que los 18 y que incluyen a decenas de delegados con pedidos de desafuero).

Aguad recogió el reclamo, sobre todo del justicialismo y las cámaras patronales, que reclaman actuar ‘preventivamente’ ante el agravamiento de la situación provincial y la oleada de luchas que inevitablemente generará.

Aguad no pudo evitar hacer el ridículo con las pruebas presentadas: no se animó a decir que la idea de una renuncia anticipada de Mestre está en los planes de la clique menemista con el objetivo de acentuar la caída en picada de la Alianza.

El jueves 4, en una movilización por el centro de la ciudad, se reclamó el cese de las persecuciones. Varias organizaciones de izquierda (Mst, Patria Libre, Quebracho), sin embargo, han salido a reclamar que “Mestre se vaya”, es decir, que asuma De la Sota, lo que significa ligar la movilización a una perspectiva patronal. De lo que se trata, al revés, es de darle a la movilización contra las persecusiones un carácter independiente de las maniobras de los partidos patronales. La exigencia del cese del proceso contra el activismo está íntimamente ligada a dar una salida a la situación de catástrofe que viven las masas cordobesas. Por una lucha de conjunto por el reparto de las horas de trabajo, la prohibición de los despidos y suspensiones y la exigencia a las organizaciones obreras y populares que rompan con el PJ y la Alianza y desarrollen una alternativa propia de los trabajadores.