La renuncia de Cesar Milani a la jefatura del ejército se produjo en un momento en el que las denuncias y pruebas judiciales sobre su accionar genocida durante el Operativo Independencia y bajo la dictadura hacían cada vez mas insostenible su situación, con el agravante de que el “Fuera Milani” se había constituido en una consigna crecientemente popular.

 

La renuncia constituyó una victoria de la lucha popular, pero el gobierno de CFK, ahora con la complicidad de la justicia Federal está jugada a acotar los alcances de esta victoria.

 

A fines del año pasado Milani fue imputado por el fiscal federal de Tucumán Carlos Brito, que pidió su indagatoria por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos en la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito Ledo, en ese entonces estaba a cargo del oficial. Pero el juez federal Daniel Bejas no hizo lugar a esa solicitud por lo cual Brito apeló y el caso estaba en manos del fiscal Gómez. La defensa de Milani lo recusó y pidió su apartamiento.

 

Tres días después de la renuncia de Milani, la Cámara Federal decidió desplazar de la causa al Fiscal general Federal Gustavo Gómez, confirmando un fallo de primera instancia, alegando haber perdido su “imparcialidad” y nombró en su lugar  al fiscal Pablo Camuña, quien fue el primer representante del Ministerio Publico que tomó carta en el asunto, cuando se realizó la denuncia contra Milani, y en esa oportunidad su planteó fue que la denuncia debía ser archivada.

 

 Gómez debía pronunciarse sobre el pedido del Fiscal Brito, habiendo adelantado que pensaba confirmar la medida de citar a indagatoria a Milani, señalando que estaba mas convencido a partir de haberse comprobado que Milani había puesto un testigo falso en la causa.

 

Gómez es víctima de una ofensiva política y judicial para amordazarlo. Le han abierto un proceso penal denunciándolo por haberse excedido en una investigación sobre los usos de los fondos públicos en el municipio de Yerba Buena por parte del intendente alperovichista Toledo declarando nulas las evidencias que surgieron de esa medidas investigativas. Hay un pedido incluso de remoción y hasta de traslado de jurisdicción. 

 

Gómez se ha destacado desde la fiscalía por impulsar la investigación de casos urticantes para el gobierno, como la denuncia por enriquecimiento ilícito del vicegobernador y ex Ministro de Salud de la Nación, y a la vez actual candidato a gobernador por el FPV. Aquí también Gómez fue apartado supuestamente por  haber perdido su “imparcialidad”. Gómez promovió la investigación de varios casos resonantes de violación a las leyes ambientales, afectando en estos casos a grandes intereses (Alumbrera, ingenios, citrícolas, etc.).

 

 Con la separación de Gómez y la designación de Camuña no se agotan las maniobras para empantanar la causa. La Cámara Federal de Tucumán, integrada por 5 miembros, tiene a dos que se han excusado de intervenir y a otro ha presentado su renuncia para acogerse a su jubilación. Al quedar la Cámara con dos miembros, va a tener que ser integrada por el Consejo de la Magistratura de la Nación en función de la nueva ley 27745 que está siendo cuestionada en su constitucionalidad por el caso Cabral, nombrando reemplazantes surgido de la lista de conjueces constituida por el gobierno nacional.

 

Es evidente la maniobra para colocar la causa bajo control de fiscales y jueces que respondan al interés del gobierno de absolver al genocida y preservar todo el aparato de inteligencia que se montó bajo su mando en los últimos años.

 

Mas que nunca sigue planteada sostener la bandera de Cárcel a Milani, por el desmantelamiento de todos los servicios de espionaje y la apertura de todos los archivos y el repudio a todas las medidas persecutorias contra el fiscal Gómez.