El lunes 10 una movilización recorrió las calles de Miramar al cumplirse un mes del asesinato de Luciano Olivera por efectivos de la policía Bonaerense. La persecución sobre Luciano se inició con la excusa de un control vehicular, el mecanismo predilecto para expulsar de la zona céntrica miramarense a los jóvenes de los barrios periféricos. La familia de Luciano denuncia que ya venía siendo acosado por efectivos de la Bonaerense, y su madre, que fue la única oradora del acto, denunció al comisario Edgardo Vulcano por la manipulación del cuerpo en la escena así como la represión a los familiares.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a la familia, aborda el hecho con un enfoque punitivo sobre el accionar del grupo de policías, pero omite las responsabilidades políticas, entre ellas la del jefe de la Bonaerense, Sergio Berni. El estado de intoxicación con cocaína de Maximiliano González, autor del disparo asesino, no constituyó una exabrupto aislado. Berni es responsable del estado en el que actúan las envalentonadas fuerzas policiales en toda la provincia, a quienes encubrió una y otra vez, así como es responsable el intendente Sebastián Ianantuony por los acosos que practican en el distrito. A su vez, la sociedad entre el gobernador Axel Kicillof y su ministro Berni parece inquebrantable, lo que demuestra un respaldo político objetivo.

Como viene sucediendo con la mayoría de los casos de gatillo fácil en todo el país, existe desde adentro de las misma policías un entramado que sostiene el delito en connivencia con sectores del aparato judicial y el poder político. Desde los más complejos como el narcotráfico, la trata, el juego clandestino, el robo de autos, hasta la recaudación y “formación” de cajas negras con aprietes en controles vehiculares o procedimientos por narcomenudeo, la mano del aparato represivo y del Estado aparece por detrás. Es lo que se reveló con el asesinato en manos de la policía de Larreta en CABA a Lucas González, el joven de 17 años. Los agentes le quitaron la vida sin identificaciones y vestidos de civil, el método que recurrentemente utilizan cuando tienen que tomar acciones en el manejo de sus negocios ilegales.

La justicia por Luciano requiere ante todas las cosas el desmantelamiento de este aparato criminal.