El pasado 8, por la madrugada, la policía de Misiones desalojó violentamente a los habitantes del paraje Puente Alto, del municipio de San Pedro.

La represión continúa, porque no dejan que los trabajadores ingresen a sus casas. Al menos once campesinos fueron detenidos. Las familias están a la intemperie y con el riesgo de perder todo lo que tienen: sus cosechas, animales, herramientas y bienes personales.

Estas familias estaban en negociaciones con el gobierno por las tierras, donde están asentadas y produciendo desde hace años. En marzo pasado se había realizado una mesa de diálogo con el intendente, funcionarios provinciales y representantes nacionales. A pesar de las tratativas con el supuesto dueño, que tenía una deuda millonaria con el fisco, cuando el gobierno tuvo que dar una respuesta concreta lo hizo por medio de una brutal represión a manos de 300 policías. Ello demuestra el aval político del gobernador kirchnerista Maurice Closs a la represión.

La brutalidad del desalojo nos hacen recordar a la masacre de Curuguaty, que concluyó con el golpe de Estado en Paraguay.

Toda esta brutalidad para defender la “propiedad privada”, la que en ese lugar es particularmente apetecida por grandes empresas.

En toda la provincia, el problema de la tierra es acuciante.

La represión desenmascara a los supuestos evocadores de “la memoria”, a pocos días del 24 de Marzo. Los luchadores agrarios de los ‘70 no defendían a monopolios como Alto Paraná y su mar de pinos contra los obreros rurales.

Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con los campesinos desalojados y repudiamos la represión sufrida por las familias de Puente Alto.

Reclamamos el ingreso inmediato de las familias a sus hogares y la restitución íntegra de sus bienes

Cese de cualquier desalojo y que el gobierno establezca un plan provincial para la regularización de las tierras de todos los campesinos, trabajadores rurales y urbanos, financiado por los grandes terratenientes.