El pasado 11 de octubre, al volver a su casa desde su trabajo de empleada doméstica, Teresita de Rocío Mattos encontró sin vida a su hija Ahylén Rocío, de 18 años, que padecía dificultades motrices, auditivas y visuales.

Teresita, que es paciente psiquiátrica y crió a Ahylén como madre soltera, venía solicitando la ayuda estatal que su hija necesitaba, y que jamás llegó. Un mes antes de la muerte de la joven, una trabajadora social elevó un informe al Juzgado de Familia alertando sobre la urgencia de una intervención para asistirla, pero no hubo respuesta.

Luego de que la autopsia determinara que el fallecimiento de Ahylén se produjo por “desnutrición aguda y paro cardiorrespiratorio”, Teresita fue acusada por abandono de persona y encarcelada. Es que la justicia provincial no tiene otro abordaje ante estos casos que responsabilizar a la madre en cuestión, como ha quedado en evidencia en los casos de Librada Figueredo (2003), María Ovando (2012), Victoria Aguirre (2015).

Teresita, a pesar de tener diagnosticado un trastorno límite de la personalidad, estar en tratamiento y haber pasado por tres situaciones de suicidio, fue puesta en cárcel común. El pedido de excarcelación, a su vez, fue rechazado por el juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, alegando que se “podría poner en riesgo la continuidad del proceso, sobre todo ante la posibilidad de una fuga”. Esta ridiculez, aplicada contra una mujer pobre para condenarla a pasar años en un penal hasta ser juzgada, contrasta con el trato que reciben hasta reconocidos genocidas.

El Estado provincial se ensaña con personas en extremo vulnerables para esconder sus responsabilidades. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó en un comunicado la importancia de evaluar las responsabilidades estatales que eludieron garantizar los derechos de Ahylén, a quien le correspondían los servicios y apoyos de salud estipulados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fijados por la Ley 26.378.

Exigimos la excarcelación de Teresita y la investigación de los funcionarios del gobierno y judiciales. Justicia por Ahylén, el Estado es responsable.