Leyendo un comunicado, un preso de la cárcel de Coronda (Santa Fe) dio a conocer las causas que darían lugar a tres motines muy cercanos en el tiempo: dos en el centro de la provincia y un tercero en la penitenciaría de Batán, en Mar del Plata. "Si no nos mata la policía, nos mata el coronavirus", resumió un detenido desde el penal de Batán.

Aunque en los medios se corrió la sospecha de que podían ser pantallas de humo para encubrir la fuga de presos, el jefe del servicio penitenciario informó que por lo menos en Santa Fe no se registró ninguna fuga.

Denuncian que las cárceles están superpobladas, que no existen elementos de limpieza y exigen que se permita el ingreso de estos insumos y de comida, provisiones que son garantizadas por los familiares. Un reclamo que vino a confirmar un alto funcionario del área, quien luego de que se produjeran los incendios de colchones y las manifestaciones en los techos del penal de Coronda, aclaró que "a partir del miércoles los paquetes con alimentos y artículos de limpieza empezarían a entrar".

Los presos denuncian que el personal penitenciario no cumple los protocolos durante el cambio de guardias "hay personal que volvió de Brasil y Paraguay y está brindando el servicio, no está cumpliendo con la cuarentena". Sostienen también que las autoridades, los enfermeros y los maestros, que trabajan en los penales, no están tomando las precauciones correspondientes (Aires de Santa Fe 23/3), dando cuenta del estado de desprotección generalizado que se vive en las cárceles.

"Solo peleamos los derechos que tenemos por ley. Estamos pagando nuestros errores, muchos ya tendríamos que tener nuestra libertad” se escucha en el video (Conclusión 23/3).

Avanzada represiva

En vísperas de la conmemoración del golpe genocida se acrecientan las denuncias por hechos de brutalidad policial. En la provincia se registren 1.800 detenidos por la violación de la cuarentena, mientras siguen sin aparecer los recursos materiales para que las familias trabajadoras puedan ejercer el derecho a la cuarentena.

En San Lorenzo, una vecina salió a denunciar que la obligaron a entrar a su casa a punta de pistola cuando había salido a comprar huevos. Las imágenes de las razias contra la juventud de las barriadas son recurrentes, una continuidad de los toque de queda que rigieron en el cordón de San Lorenzo durante las fiestas de fin de año en medio del recrudecimiento de los crímenes narcos. 

Este accionar fue alentado por el propio gobernador Omar Perotti, su ministro de Seguridad Marcelo Saín y el jefe de policía Víctor Sarnaglia, que llamaron a actuar con toda dureza a la narcopolicía santafecina, que ostenta altos índices de gatillo fácil y su vinculación con todo el entramado del delito organizado. Recordemos que Saín es un discípulo de Sabrina Frederic, la funcionaria de Seguridad nacional que adelantó la posibilidad de declarar el estado de sitio.

Esta línea de mano dura es embellecida con una verborragia "anticheta" y algunas medidas socialmente agradables como la detención de uno de los gerenciadores de Puerto Terminal Rosario, asociado a Vicentín, que quiso cruzar a las islas entrerrianas, este fin de semana, en su yate "Champagne". Pero para las patronales solo hay mano blanda.

Trabajadores y delegados portuarios de Terminal Puerto Rosario están denunciando que la empresa no les da insumos para enfrentar el COVID-19, ya que no existen medidas de desinfección de los vehículos, no tienen lockers para guardar sus uniformes de trabajo y los obligan a reutilizar los descartables higiénicos, todo esto sobre trabajadores que están en contacto con buques extranjeros que descargan cereales sobre los puertos del río Paraná.

Son los casos de patronales como el supermercado La Gallega, cuyos trabajadores denuncian trabajar sin guantes, barbijos, ni alcohol en gel y superexplotados, porque se produjo una reducción de personal recientemente. Los trabajadores de Pedidos Ya también denunciaron apremios represivos e hicieron circular un video donde reclaman por condiciones de seguridad.

La cuarentena y el privilegio de clase

La población carcelaria que vive hacinada es una población de riesgo cuyos derechos democráticos deben ser respetados. Este debate es un tema sensible, ya que la orientación de los gobiernos es descargar enteramente las responsabilidades del cuidado sobre las acciones individuales, que son necesarias pero insuficientes para atacar la pandemia. Esta campaña ideológica mostró su peor cara por estas horas en Rosario, con una persona que acuchilló a 3 personas que estaban circulando por el centro de Rosario. El miedo desata reacciones fascistizantes entre la población, que no termina de entender que la cuarentena necesita para su ejercicio de condiciones materiales.

Que se cumplan las demandas de las personas privadas de su libertad y se garanticen las condiciones de higiene y sanitarias, así como alimentarias, en todas las penirenciarias.