Desde las 10 horas de la mañana se concentraron miles de manifestantes en la Plaza de los Inmigrantes, provincia de Jujuy, para movilizar a Casa de Gobierno y reclamar por la inmediata libertad de Sebastián Copello y Juan Chorolque, detenidos ilegalmente por orden y cuenta del gobernador Gerardo Morales. Se calcula una participación masiva, con más de 10.000 manifestantes.

Sebastian Copello, dirigente provincial del Partido Obrero y del Polo Obrero, y  Juan Chorolque llevan varios días detenidos, luego de ser sustraídos de sus casas bajo un procedimiento irregular y procesados por participar de dos manifestaciones por asistencia social y alimentaria, hecho que ya estaba siendo investigado por los tribunales contravencionales.

Desde su detención se ha desatado una intensa actividad política y solidaria de diversas organizaciones piqueteras, sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas, reclamando contra la judicialización de la protesta social, en una provincia dominada por el hambre y la desocupación, donde se persigue al activismo que actúa con independencia política del Estado y rechaza la cooptación gubernamental.

El pasado lunes 11 se realizó una conferencia de prensa con distintas organizaciones y referentes de lucha, y una delegación de CABA reclamó audiencia con el gobierno y el juez interviniente para reclamar por la libertad de los detenidos, tras lo cual visitaron a los compañeros privados de su libertad.

La movilización también es acompañada por una delegación de la Unidad Piquetera y el Polo Obrero, que se acercó desde Buenos Aires a participar de la jornada, y que realizará distintas actividades en el día, ante esta grave situación.

Al llegar a Casa de Gobierno los manifestantes fueron recibidos por la policía provincial que, al igual que como ocurrió con Copello y Chorolque, labró un acta contravencional contra los dirigentes piqueteros, en lo que es la sistematización de una práctica nefasta contra el derecho a manifestarse.

Los manifestantes denuncian que existe un agravamiento de la política represiva del gobernador, con métodos que ya se han utilizado en el pasado, que buscan amedrentar a los luchadores y activistas en un cuadro de crisis social y económica que obliga a miles de personas a salir a las calles a manifestarse contra el hambre y el ajuste.