Este jueves 9 se realizó en la provincia de Córdoba la marcha contra la criminalización de la protesta. Los reclamos centrales giraron en torno al rechazo de la judicialización de lxs dirigentes piqueteros, sindicales, luchadores ambientales y lxs 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba procesados por defender la educación pública. También se denunció el ajuste de quienes gobiernan al servicio del FMI.

Entre las consignas planteadas estuvieron: “Cierre de todas las causas al activismo, absolución a César Arakaki y Daniel Ruiz”; “Basta de gatillo fácil”; “Ni negacionismo ni impunidad. Apertura de todos los archivos de la última dictadura cívico militar”.

La antiburocrática conducción electa de la Uepc capital marchó y en la asamblea general se rechazó la elevación a juicio de la causa contra el movimiento piquetero. En la misma línea se pronunciaron trabajadores del sindicato de químicos y petroquímicos de Río Tercero.

Pasadas las 18 horas comenzó la movilización, encabezada por los principales referentes de las luchas sociales que se están dando en la provincia, entre ellxs, Soledad Díaz y Emanuel Berardo.

Cabe destacar que esta acción de lucha fue el resultado del Congreso Antirepresivo que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el pasado mes de septiembre.

 

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Soledad Díaz remarcó que la avanzada contra el derecho a la protesta se debe al ajuste que pretende imponer el gobierno al servicio del Fondo Monetario. Por otra parte, rechazó el intento de encarcelar a César Arakaki y Daniel Ruiz, luchadores sociales y militantes del Partido Obrero que fueron enjuiciados a raíz de la protesta contra la reforma jubilatoria de Macri en el 2017.

Emanuel Berardo, por su parte, afirmó que “si el derecho a luchar no es garantizado, ningún otro derecho se va a garantizar”. Y ratificó la necesidad de continuar luchando por todas las necesidades del pueblo trabajador.

Pasadas las 20 horas, la marcha concluyó con la lectura de un documento en el que se expresó “Por la defensa de las libertades democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos es necesario confluir con todo el pueblo trabajador en un plan de lucha”.

 

En este panorama, es de vital importancia conformar un frente único que incluya organismos de DD.HH, sindicatos y agrupaciones sindicales antiburocráticas, organizaciones piqueteras y partidos de izquierda. Luchar no es delito.

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