La burguesía argentina, toda ella, y el imperialismo, tenían una gran deuda con Reynaldo Benito Bignone, el último de los criminales que gobernaron de facto la Argentina durante la última dictadura. Ahora ha muerto, a los 90 años, en el Hospital Militar.

Fue el asesino que condujo la “transición” hacia la “institucionalidad”, el que le entregó la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983 después de dictar el decreto 2726/83, que ordenó la destrucción de todos los archivos de la represión ilegal. En buena parte fue gracias a ese decreto –y por supuesto a la decisión general de la burguesía y el imperialismo de preservar las instituciones castrenses, y a los levantamientos militares en ese sentido− que hoy tenemos menos de 700 genocidas condenados, es decir menos de uno por cada uno de los 900 centros clandestinos de exterminio de existencia comprobada.

El hecho de haber dirigido aquella “transición” le hizo de múltiples amigos entre radicales y peronistas, cosa que le evitó sentarse en el banquillo durante el juicio a las Juntas. Sólo el 20 de abril de 2010, más de 30 años después de sus crímenes, no tuvieron más remedio que condenarlo por el peso abrumador de los cargos contra él: fue responsable del campo de concentración que funcionó en el hospital Posadas, tuvo participación activa en el Plan Cóndor y también en “El Campito” que funcionó en Campo de Mayo.

Si bien no consiguió durante su dictadura unir al frente burgués, de buena o de mala gana todos los partidos del régimen le dieron el respaldo que necesitaba –y no era poco− para pilotear como pudo el colapso de la dictadura, el derrumbe del régimen; esto es, para impedir que ese derrumbe se uniera con la fortísima movilización de masas contra el régimen que caía.

Todos los partidos de la burguesía lo avalaron también para llegar a un nuevo acuerdo de deuda con el FMI, cosa que hizo mediante la privatización de empresas y la hipoteca de otras. No tenían más remedio: lo contrario habría implicado declarar la moratoria unilateral de la deuda externa (en los hechos había dejado de pagarse porque no tenían una moneda) y establecer un rígido control de precios, medidas elementales que ni los militares ni los partidos estaban en condiciones de hacer, ni se les pasaba por la cabeza hacerlo.

Secuestrador, torturador, ladrón de bebés y de bienes, ha muerto un criminal que fue ampliamente acreedor político de los “demócratas” que sucedieron al régimen militar. Se lo agradecieron con años de impunidad y, seguramente, recordarán ese favor los promotores del “olvido y el perdón”, como el actual presidente y Elisa Carrió, entre tantos otros.

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