Ha comenzado la segunda etapa del juicio a los represores que actuaron en el centro clandestino, ubicado en el predio del Ejército en la ciudad de Neuquén, denominado "La Escuelita".

Están acusados 23 represores entre militares y policías rionegrinos. Esta semana aportaron sus testimonios los familiares de los secuestrados en el barrio Sapere, de Neuquén.

En agosto de 1975, antes del golpe videliano, los vecinos del barrio Sapere luchaban para impedir el desalojo que intentaba Felipe Sapag (quien había asumido como gobernador en la elección de 1973). Algunos fueron detenidos y desaparecidos ese mismo año.

Del testimonio surge con claridad la actuación directa de la policía de Neuquén en los operativos, en los secuestros y en la desaparición. Incluso la actuación de jefes de la policía neuquina.

La compañera Nelly Curimán, familiar de los desaparecidos, describió con precisión, en la audiencia del jueves 7 de junio, la actuación institucional de la policía, cuyo jefe político era Felipe Sapag.

Los otros testigos han reafirmado contundentemente el papel activo e institucional (hasta con uniformes) de la policía de Neuquén.

Es decir que queda expuesto que el gobernador del MPN de aquel entonces no podía desconocer lo que hacían sus subordinados.

Este tramo del juicio incomoda al oficialismo provincial, puesto que pone en el banquillo la responsabilidad política del líder "intocable" del MPN, quien es el gestor político de su sobrino y actual gobernador.

A la larga cadena de colaboración con las dictaduras (comenzando con Onganía) y represiones (desde Pilas Vidor hasta Fuentealba y, esta semana, contra los trabajadores de ATE), ahora el MPN debe sumar su responsabilidad en la detención-desaparición de luchadores neuquinos.