La jueza Mara Suste formuló los cargos contra Patricia Jure, ex concejal y diputada electa del FIT, y contra los trabajadores municipales, Juan Carlos González y Marisol Vázquez. Deberán enfrentar la acusación de “perturbación al orden en sesiones legislativas de orden nacional, provincial y municipal, en las audiencias en los tribunales de justicia o donde quiera que este ejerciendo una autoridad sus funciones” (art. 241 inc. 1) que incluyen penas de quince días a seis meses de prisión.  Recordemos que la causa fue abierta tras las movilizaciones que enfrentaron la reforma previsional que barría con las jubilaciones de los empleados municipales.

Frente a la audiencia se concentraron diferentes sindicatos y organizaciones para manifestar su apoyo a los luchadores. Estuvieron presentes el SITRAMUNE (sindicato municipales de la capital), el sindicato ceramista, la dirección provincial de ATEN y delegaciones de diferentes seccionales combativas del gremio, delegados de ATE, representantes de la lucha por derechos humanos, el Polo Obrero y numerosos partidos de izquierda.  Romina Del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda y candidata a vice presidente, también asistió para hacer el aguante.

La fiscalía, en cabeza de Valeria Panozo, hizo un relato de los hechos que dejó expuesta la animosidad y el carácter persecutorio de la causa. La funcionaria judicial basó su acusación apoyándose en declaraciones testimoniales de concejales y asesores del bloque de Cambiemos, plagadas de adjetivaciones catalogando a los los compañeros de violentos pero sin respaldar sus dichos con prueba alguna. Es decir, la fiscal sustenta su imputación en la orden que bajaron el intendente Quiroga y los concejales de Cambiemos.

A su turno, la defensa llevada adelante por Gisella Moreira, señaló el grave antecedente que se está generando, penalizando el legítimo ejercicio de la protesta, con una notoria falta de imparcialidad de la fiscalía y el carácter absolutamente arbitrario de la imputación.

Quedó en evidencia cómo la justicia neuquina, que responde al gobierno provincial del MPN, se hizo eco de las presiones del intendente municipal de Cambiemos, quien pretende valerse de este juicio como un método para disciplinar y arremeter contra los luchadores. No se trata de un hecho aislado, sino que es el anticipo del cuadro represivo que anuncia el gobierno nacional con la modificación del código penal que ya presentó en Congreso, con el que pretende ilegalizar la protesta popular.

A partir de ahora se abre un período de cuatro meses de investigación. Aprovechemos ese lapso para impulsar la más amplia campaña en los lugares de trabajo y estudio contra este atropello. Como parte de ella, reclamamos que ATEN, Sitramune y la CTA convoquen un paro provincial para enterrar esta avanzada contra los luchadores.

La lucha por el desprocesamiento de Patricia, Marisol y Juan Carlos, es una lucha en defensa propia del conjunto de los trabajadores, ya que el brutal ajuste en marcha y que se profundizará después de octubre solo puede ser llevado a cabo con persecución y represión.