La jueza electoral de Neuquén, María Carolina Pandolfi, ha iniciado un juicio penal contra el Partido Obrero por la colocación de un afiche en un espacio público permitido. Esa actividad, como lo comprueba la población todos los días, forma parte de nuestra militancia cotidiana. Nuestros representantes fueron convocados a prestar declaración indagatoria el próximo miércoles 14 de marzo.

Los abogados y apoderados del PO presentamos un escrito planteando la nulidad de ese llamado a indagatoria, toda vez que para justificar la misma se pretende aplicar “por analogía” a un partido político la legislación nacional que penaliza al lavado de dinero, las operaciones mafiosas internacionales o las coimas al poder de turno. Cabe destacar que la aplicación de la analogía en materia penal está expresamente prohibida, porque conlleva la potencial violación de derechos democráticos y garantías constitucionales. Es eso lo que ocurre, precisamente, en este caso: la Dra. Pandolfi parangona  al narcotráfico y la trata de personas la exhibición de un afiche de difusión de ideas, la cual está garantizada por la propia Constitución y los Pactos internacionales con rango constitucional.

Como si fuera poco semejante arbitrariedad, la jueza aplica una ley retroactivamente, algo que también viola las más elementales garantías, pues la legislación que pretende utilizar fue sancionada con posterioridad a la colocación del afiche cuestionado.

Consideramos esta causa como una clara persecución política articulada desde la Justicia.  Estamos ante una medida proscriptiva contra el Partido Obrero y eventualmente contra otros partidos políticos, porque podría sentar un antecedente para castigar la exposición de ideas contrarias al poder político.

En esa línea, se pretende sancionar al PO con la exclusión de los fondos que garantizan la impresión de boletas y del uso de espacios en los medios de difusión durante las próximas campañas electorales. Es a todas luces una acción judicial que viola la declarada imparcialidad del juez y la igualdad ante la ley.

Llamamos a todas las organizaciones políticas, a los sindicatos, organizaciones obreras, personalidades democráticas y organismos de derechos humanos a manifestarse públicamente contra este atropello.