En la tarde del jueves, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizó una movilización a Plaza de Mayo para repudiar el reforzamiento represivo del gobierno, esto es, la pretensión de bajar la edad de imputabilidad, la existencia de presos políticos y la institucionalización del ´gatillo fácil´ policial, mediante la llamada ´doctrina Chocobar´, entre otros.

El documento consensuado por decenas de organizaciones advierte que esta política de represión a la protesta es complementaria con el ajuste y denuncia la complicidad de los gobernadores de todo signo político. Asimismo, desenmascara la impostura del kirchnerismo, cuyos gobiernos fueron pioneros en impulsar muchas de las políticas represivas (impunidad del gatillo fácil, tercerización de la represión, Proyecto X, Milani, etc) que hoy se cristalizan en el gobierno Macri.

A continuación, reproducimos el documento, un antecedente que dará paso a la campaña por una gran marcha independiente y de lucha el próximo 24 de Marzo.

 No a la baja de edad de imputabilidad. Basta de represión y gatillo fácil.

Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

En el día de hoy, un amplio arco de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas nos movilizamos contra la avanzada represiva del gobierno macrista, cuyos principales puntos incluyen impulsar la baja de edad de imputabilidad, mantener presos y presas políticas, y el aumento de los casos de gatillo fácil en el marco de la “doctrina Chocobar”.

Esta política represiva que persigue a las y los luchadores y busca disciplinar a los sectores populares es la otra cara del ajuste que aplican: los tarifazos, los despidos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social sólo pasan con represión. Además, en un marco electoral y de “bolsonarización” de la política, tanto el macrismo como aquellos representantes del PJ que posan de opositores, el MPN de Neuquen, el PS en Santa Fe, o la UCR en Jujuy y Mendoza, hacen promesas de “mano dura” buscando aumentar su popularidad.

Ahora desde el macrismo se vuelve a impulsar una campaña para encarcelar a los más jóvenes: hace sólo una semana, el gobierno nacional, representado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentaron nuevamente un anteproyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Sergio Massa y su Frente Renovador, reivindican ser los verdaderos impulsores del proyecto, repitiendo así lo que años atrás hiciera el gobierno de CFK con su régimen penal juvenil como supuesto medio para aminorar el delito. En sintonía con esta política, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, inaugura nuevas cárceles orientadas particularmente para encarcelar jóvenes de entre 18 y 21 años. Toda esta campaña que pretende demonizar a las y los jóvenes, es un salto represivo que, además, no tiene ningún impacto en los problemas de seguridad ya que menos del 1% de los delitos graves son realizados por menores de 18 años, pero que avasalla los derechos de niños, niñas y adolescentes e incluso contraviene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional.

El gobierno miente con descaro: presenta esta reforma con la supuesta finalidad de fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal y a la vez promover su integración social mediante servicios y programas socio-educativos. Pero lo cierto es que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso por orden del FMI redujo la partida destinada a programas de niñez y adolescencia, como así también el destinado a educación y salud.

Según el último informe del INDEC, de diciembre de 2018, del total de desocupados del país el 55,4% son jóvenes. Del total de la población, el 27,3% es pobre. Pero entre 15 y 29 años la pobreza sube al 32,9% y entre 0 y 14 años llega al 41,4%. Ambos grupos de edad son los más golpeados por la pobreza y la indigencia. Además son el sector más golpeado por los abusos sexuales y las redes de trata y explotación sexual.

Mientras tanto, el disciplinamiento cotidiano contra la juventud y los sectores más humildes se expresa en el aumento de los asesinatos por fuerzas de seguridad. Ha sido una política de todos los gobiernos post-dictatoriales implementar el gatillo fácil. Bajo el gobierno kirchnerista aumentó a 1 caso cada 28 horas. Y con Macri pegó un salto, llegando a 1 caso cada 21 horas. La “doctrina Chocobar” de Macri y Bullrich busca legalizar el asesinato policial.

La represión sistemática como política de estado, se entrelaza en una red institucional que involucra a las fuerzas represivas, a la justicia, a las distintas estructuras de poder a nivel nacional, provincial y municipal, y a los medios masivos de comunicación. Las fuerzas policiales son las garantes de las zonas liberadas para el crimen organizado, responsables directas del tráfico y venta de drogas, así como de la trata y regenteo de la explotación sexual, y cuentan para ello con una red de protección y negocios con jueces y políticos del sistema. De este modo, empujan a nuestros pibes y pibas a la droga, a la prostitución, y a la criminalidad, para enriquecerse a costa de nuestro pueblo. Mientras tanto, los medios masivos de comunicación, hacen campañas para endurecer la represión en nombre de la seguridad, pero evitan informar sobre la responsabilidad policial, judicial y política sobre estos negociados. El caso emblemático de Luciano Arruga, desaparecido y muerto por la policía por negarse a colaborar con sus negocios, da cuenta de una realidad que estos medios ocultan sistemáticamente. Los pibes y pibas de nuestros barrios, lejos de ser peligrosos, están ellos mismos en peligro, por el poder de toda esta estructura mafiosa que los persigue e intenta disciplinar y someter.

Asimismo, en vísperas del 8 de Marzo, dia internacional de la mujer trabajadora, denunciamos que en lo que va de 2019 hubo 33 femicidios y 10 travesticidios de los cuales el 37% fue cometido por las fuerzas represivas. Hasta 2018 venía siendo del 20%, o sea que la participación de dicha fuerzas en femicidios casi se duplicó.

A hoy no solo siguen impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de fuerzas de seguridad, sino que se pretende cerrar las causas para consagrar la impunidad. Bullrich empezó el 2018 reincorporando a 11 policías y gendarmes antes destituidos por acusación de homicidio, y lo terminó con los asesinatos de Marcos Soria y Rodolfo Orellana.

Repudiamos la brutal represión que sucediera esta mañana en esta misma zona contra la comisión de mujeres y los trabajadores de coca cola que fueron a reclamar por sus puestos de trabajo ante un procedimiento preventivo de crisis absolutamente trucho.

En igual sentido va el decreto que promueve el uso de armas de fuego por esas fuerzas, que Bullrich promulgó en el contexto del G 20. Habilitar el uso de pistolas Taser (de hecho, una picana eléctrica) no hace más que agravar este cuadro. En este aspecto Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, profundiza el mismo planteo de Bullrich al señalar que “cada policía debería portar una Taser”.

Esta política se da en una escalada represiva, que apunta en especial contra quienes se oponen y enfrentan las políticas de ajuste y entrega, como se vio cuando presentaron el “protocolo antipiquetes”. Así, importantes movilizaciones populares son duramente reprimidas. Además se persigue y procesa a quienes participan en ellas, contándose por decenas los procesados por luchar. Las leyes antiterroristas siguen pesando como una espada de Damocles sobre las cabezas del activismo popular. Esta persecución llega hasta encarcelar a opositores y luchadores, como Daniel Ruiz, preso desde hace más de 5 meses, y Milagro Sala, presa desde hace más de tres años. A esto se suma la reciente detención de Luis Delia por la movilización a la comisaria 24ta del barrio de La Boca luego del asesinato del militanto popular Martín “Oso” Cisneros a manos de un narco amparado por la policia.

Como parte de esa política, el gobierno de Macri-Bullrich viene atacando a los organismos de derechos humanos y buscando vías para liberar a represores de la última dictadura militar, como fue el intento de aplicar el 2×1 a delitos de lesa humanidad.

Ante esta escalada represiva, que ahora pone en primer lugar la baja en la edad de imputabilidad, las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas decimos:

No a la baja de edad de imputabilidad, basta de gatillo fácil. El estado es responsable.

Basta de represión y ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI

Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presas y presos políticos.