La escalada terrorista de estos días responde, por sus dimensiones, a una organización de amplios alcances. A más de una semana de las primeras detonaciones se repite lo ocurrido en ocasiones anteriores: en lugar de detenidos, los servicios del gobierno prodigan a la población abundantes especulaciones.

Todo ello resulta más grave si cabe, si se tiene en cuenta que el ministro Tonelli —quien ya anticipara los acontecimientos del año pasado— previno también esta vez la posibilidad de una “campaña desestabilizadora”. Facundo Suárez, titular de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) explicó que la dependencias su cargo “sabia de la existencia de una acción sicológica” en preparación (La Prensa, 31 /3). El tema de las bombas fue tapa de distintos diarios antes que los explosivos detonaran.

Rico desmintió cualquier vinculación; los “militares clandestinos” también (La Prensa, 31/3). Pocos días más tarde el titular de la Central Nacional de Inteligencia, Ricardo Natale, decía tener “sólo la tendencia ideológica de sus autores”. Demasiada confusión en un barrio cuyo vecindario se conoce desde hace cuarenta años.

La conclusión que se impone es una: los servicios de inteligencia conocen al centímetro a los autores de estos crímenes, pero el poder político es in-capaz de actuar. Cafiero le dijo recientemente a Candi que la depuración del ejército debía hacerla dentro de ciertos limites. El gobierno quiere llegar a un compromiso con los terroristas para evitar con ellos una guerra declarada y porque no confía en sus propios servicios. Mantener incólume al aparato represivo es su preocupación central en momentos de grandes luchas populares.