La Justicia Federal elevó a juicio dos causas contra Raquel Blas y el actual secretario general de ATE el pasado 31 de julio. Ocho días después, mañana, 7 de agosto, ya dictará sentencia. 



Las dos imputaciones datan del año 2014. Se trata de una velocidad inusitada, que no tiene nada de casual. Le aplican el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que pena a quien “obstaculizara o impidiese la libre circulación”. Un típico recurso para perseguir a los luchadores por cortes de ruta o manifestaciones.



Una de las causas es por acompañar a los despedidos del comedor universitario a una sesión del Concejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo y la otra por un corte que realizaron los trabajadores de las barreras sanitarias (Iscamen) en el ingreso al aeropuerto de Mendoza. Se trata de acciones realizadas en el marco de conflictos gremiales. A tal punto es así, que en una de ellas el propio fiscal federal pidió el sobreseimiento, lo que produjo su inmediata remoción ante la insistencia del juez en llevar a juicio a Raquel. 



La fiscalía ha solicitado una pena de 3 meses, lo que significa que es de cumplimiento condicional y que frente a cualquier otra imputación de las mismas características, pasa a ser de prisión efectiva. 



La causa intenta priorizar la posibilidad individual de circular, frente al derecho colectivo de reclamar, en este caso por salarios.



El accionar de la Justicia Federal, está en sintonía con la política represiva de Macri y del gobernador Cornejo y con la ley provincial “Petri”, que refuerza las penas y reduce los derechos de los detenidos. 



Se trata de condenar la acción directa, en este caso callejera, del sindicalismo y de todos aquellos que salgan a la calle por sus demandas.



En un cuadro de creciente malestar social, incremento de la pobreza y la desocupación, de tarifazos, reducciones salariales y cierre de industrias, los “republicanos” echan mano de todos los medios legales a su alcance para tratar de disuadir y atemorizar a los trabajadores con el objetivo de evitar que tomen medidas de lucha por sus reivindicaciones.



Raquel debe hacer frente a otras imputaciones en la Justicia adicta de Cornejo. Ante esta ofensiva contra esta destacada luchadora clasista, la CTA Autónoma y la Coordinadora Sindical Clasista están en campaña por su absolución y desprocesamiento, por la plena vigencia de las libertades democráticas y sindicales y por el pleno derecho a reclamar, marchar y peticionar.