Nos tocó alegar el 22 de febrero -el mismo día en que se cumplía el primer aniversario de la masacre de Once. La referencia a la fecha no es ociosa: nuestro alegato fue el único que denunció que detrás de los hechos de Barracas y de Once se encontraban los mismos actores, los mismos intereses sociales y la misma impunidad.

Nuestro alegato comenzó con el desarrollo de los motivos que determinaron la concreción del plan criminal.

En primer lugar, desarrollamos en detalle cómo la dirección de la Unión Ferroviaria -encabezada por José Pedraza durante casi tres décadas- fue integrándose a la administración ferroviaria a partir de la privatización de los ferrocarriles y el salto que conoció en los gobiernos K. Ello le permitió a la UF poder apropiarse de una parte de las ganancias que permitían la explotación de los trabajadores y la apropiación de los subsidios del Estado.

Un punto especial fue el de las motivaciones políticas que condujeron a Pedraza y a su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández, para perpetrar el ataque criminal. "Estaban convencidos de que el ingreso de los tercerizados cuestionaría su hegemonía en el gremio. En sus cabezas, se representaban que su pase a planta permanente desataría procesos similares a los del subte o el gremio de la construcción; es decir, al desarrollo de sindicatos alternativos", señalamos.

La exposición de María del Carmen Verdú (Correpi, copatrocinante junto a Apel de nuestra querella) brindó un relato de los hechos que resultó demoledor. Desarrolló la "existencia de un plan criminal para aleccionar a los trabajadores tercerizados". Sin ese plan, no se explica la coordinación de los múltiples actores en el lugar del hecho ni la participación criminal de la Policía Federal. El plan fue determinado en un acuerdo previo entre el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y funcionarios de la Ugofe, el cual quedó al desnudo en los actos preparatorios del 19 de octubre y en las múltiples consultas cruzadas entre Pedraza, Fernández, funcionarios de la Secretaría de Transporte y gerentes de la empresa concesionaria.

"La policía tenía conocimiento de la existencia de dos grupos desde las 10.16 horas; sabían, incluso, que la patota esperaba un grupo que estaba viajando desde Varela hacia Barracas. Cuando la patota descendía del puente, Mansilla (el policía) informó que los patoteros bajaban ‘sin represalia’ y la Dirección General de Operaciones dio la orden de ‘replegar'; los patrulleros se apartaron para dar paso a la patota; el camarógrafo Villalba dejó de filmar exactamente durante los cuatro minutos que duró el ataque (¿cuánta batería pensaba ahorrar Villalba -que fue lo que dijo en su descargo- al apagar la cámara durante cuatro minutos?). La única explicación que no ofende la inteligencia es que la policía tuvo la orden de acompañar el plan criminal. Si después de la agresión no hubo detenidos ni secuestro de armas, fue porque tenían orden de permitir la fuga de la patota y cubrir su retirada de los manifestantes", señaló Verdú en su intervención.

Aníbal Fernández

En nuestro alegato, se destacó el pedido de investigación como partícipes o encubridores a los funcionarios Juan Carlos Schiavi, Antonio Guillermo Luna y Aníbal Fernández.

La responsabilidad de Aníbal Fernández surge, en particular, de la indagatoria del subcomisario Luis Alberto Echavarría (segundo en la Dirección General de Operaciones), quien sostuvo que la intervención policial frente a manifestaciones públicas depende de órdenes políticas. En el momento de los hechos, Fernández era jefe de gabinete, pero conservaba entre sus funciones el control de la Policía Federal.

Pedidos de condena

Nuestra querella solicitó para los 17 imputados la pena máxima que les cabe por la coautoría del delito de tentativa de homicidio agravado, el cual asciende a 25 años de prisión. Aclaramos nuevamente, a la hora de solicitar las condenas, nuestra consideración es que "la prisión perpetua es la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra", aunque no estuviéramos jurídicamente legitimados para hacerlo, ya que la representación jurídica de la familia de Mariano está en manos del CELS. Señalamos reiteradas veces, en el curso de nuestro alegato, nuestro apoyo al pedido de condena de prisión perpetua para Pedraza y Fernández que formuló el CELS.

Últimas Palabras

Verdú cerró su intervención agradeciendo al Partido Obrero su generosidad por compartir la representación de las querellas de Elsa y Nelson, y reivindicando la lucha de los explotados. Finalmente, en nuestra últimas palabras, dijimos: "Lo que nos impulsa es nuestra consideración de que nuestro pedido de pena no está inspirado en un deseo de venganza, sino en la necesidad social de que se termine la impunidad para con la violencia de las patotas amparadas en el Estado, con la explotación de los trabajadores y la codicia de empresarios, sindicalistas y funcionarios que se cobran vidas. Nos anima una finalidad social, no individual. Si no fuera así, no estaríamos honrando la memoria de Mariano Ferreyra".