Una agitada jornada se vivió en el Juzgado Federal de Esquel, a cuyo frente se encuentra el cuestionado juez Guido Otranto, que entiende en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. Temprano, Ariel Garzi, un amigo de Maldonado que había declarado bajo reserva de identidad que había llamado al celular del joven desaparecido el 2 de agosto y que la llamada había sido atendida durante 22 segundos, denunció la inoperancia del magistrado a cargo de la causa y pidió su remoción. A pesar de que la compañía Telefónica comprobó la veracidad de sus dichos, el juez no pidió que se geolocalizaran mediante las antenas los otros teléfonos activos al momento de esa llamada. “El juez es parcial a favor de los gendarmes siempre”, dijo.

 

Luego, un grupo de pobladores de la comunidad Vuelta del Río ocuparon pacíficamente el tribunal para exigir explicaciones por la represión que sufrieron el lunes, durante el megarastrillaje frustrado ordenado por Otranto, que incluyó a un helicóptero en sus terrenos. “El lunes se hizo un gran allanamiento en Pu Lof, pero también llegaron a nuestra comunidad, ya que somos vecinos de Pu Lof en Cushamen -dijo Silvio Hulinao, uno de los voceros de la comunidad-. Nosotros somos de la comunidad tewelche Vuelta del Río y en ese momento había seis personas en dos casas, uno estaba solo en una y toda una familia en otra. En un momento vimos un helicóptero sobrevolar nuestras tierras y en un terreno bajó. Nuestra gente no está acostumbrada a esto. Los policías entraron a las casas y detuvieron a las seis personas, eran las seis de la mañana y desde esa hora hasta la una los mantuvieron precintados, detenidos. Hay uno que fue muy golpeado en la cabeza de 58 años. Vinimos a tomar las instalaciones del juzgado para exigir explicaciones sobre todo esto. Somos perseguidos, nos acusan de haber desaparecido a Santiago Maldonado. Ahora los que sufrieron la represión y las detenciones están haciendo las declaraciones. Al principio Otranto no nos quería recibir, pero después nos recibió, nos dijo que él no sabía, que no iba a pasar otra vez”. Otra expresión del juez desmentida por la realidad, ya que el mismo procedimiento con detenidos precintados y la única persona detenida –por unas horas, la mapuche Elizabeth Loncopan, bajo el cargo de "desobediencia"– desde que comenzó la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado fueron producto directo de la acción de Otranto, que supervisó personalmente el operativo del lunes 18 y en el que participaron decenas de camionetas policiales, 400 efectivos, buzos, perros, drones y helicópteros.

 

Andrea Malliñanco, una de las voceras de la comunidad Pu Lof y esposa de Facundo Jones Huala, preso en el penal de Esquel, declaró ante la fiscal cómo fue que por la tarde el 1 de agosto le informaron por teléfono que faltaba uno de los miembros que habían participado del corte. Se trataba de Santiago Maldonado.

 

Para terminar, el juez Otranto rechazó las acusaciones de prejuzgamiento y enemistad manifiesta que había señalado la querella del CELS para recusarlo en base a las polémicas declaraciones realizadas en el diario La Nación, en las que exculpaba a Gendarmería del delito de desaparición forzada y daba como hipótesis principal que Maldonado se hubiera ahogado. El juez rechazó la acusación por haber sido realizada por una mala lectura de la querella de la entrevista y entonces se aferra a su rol como magistrado en la causa que conmueve al país, en la que actúa como peón de la ministra Patricia Bullrich, su funcionario Noceti, la Gendarmería y los latifundistas a los que ellos responden.

 

Este jueves comienza en la Cámara de Apelaciones de Chubut el proceso que decidirá la remoción o no del juez. El lunes la Cámara dictará la resolución sobre este asunto.