La decisión de la Corte que impide la liberación de menores detenidos en los institutos involucra a un 85% de chicos que jamás delinquió. Ambito y La Nación mienten.

El 84,8% de los chicos está preso “por razones asistenciales o de protección, muchas veces originadas en carencias socioeconómicas” (Unicef, La Capital, 14/7/06). Nueve de cada diez están presos por ser pobres.

Según Unicef, sólo el 15% está vinculado con algún delito (lo que puede significar tanto que el pibe robó un pasacasete como que fue violado o golpeado: alguien cometió un delito, no necesariamente el chico). Por eso Clarín (6/12) usa el término tan ambiguo de “menores implicados en delitos”.

La estadística dice que hay 19.579 menores institucionalizados, pero “tiene un alto margen de error (…) la cantidad de niños institucionalizados sería, al menos, de un 40% más”, advierte Unicef. Se ignora cuántos son porque los jueces no informan a nadie cuando resuelven una internación y el gobierno de Néstor Kirchner vetó en 2005 el artículo de la ley de adopción que obligaba a hacer un listado único de chicos institucionalizados. Según Unicef, “los gobiernos provinciales no tienen datos certeros acerca de edad, identidad, sexo ni de los motivos por los que se decidió quitarles el derecho a ser libres”. Y entonces el juez lo da en adopción al mejor postor.

La Corte avaló una política nacional y provincial que arrebata a los chicos de las familias pobres. Si se hubiera decidido la liberación de los chicos, habría significado un gran golpe a las instituciones confesionales y no confesionales que los albergan y reciben enormes subsidios aunque ni siquiera les enseñan a leer y escribir. Y, por supuesto, a las redes de adopción ilegal de bebés institucionalizados (en general hijos de menores, a las que el juez les quita el hijo y se niega a darle la guarda a la abuela… por pobre).