El próximo 24 de marzo será una movilización fundamental frente a un gobierno abiertamente represivo, negacionista y que viene aplicando un durísimo ajuste contra la población trabajadora. Su línea de ataque a la población continúa, y en las últimas horas, después de anunciar su congelamiento, se anunció el cierre del Potenciar Trabajo, lo que se suma a la crisis alimentaria que el gobierno acicatea dejando sin comida a los más de 45 mil comedores populares en todo el país. El gobierno profundiza el ajuste, ataca a las masas trabajadoras y la recesión económica se acelera, siguiendo los mandatos del FMI, continuando la política llevada adelante por los últimos gobiernos.

Indudablemente, la movilización será masiva y expresará el proceso de lucha abierto desde la asunción del gobierno de Milei y la acción contra sus medidas antidemocráticas y antipopulares que atacaron al conjunto de los trabajadores estos últimos meses. El protocolo antipiquetes, el ataque al derecho de huelga y los derechos laborales, el casi 60% de la pobreza y la represión llevada adelante en las movilizaciones de Congreso contra la ley ómnibus, la línea de empoderamiento de la policía y las fuerzas armadas, y la orientación negacionista que encaró este gobierno tensiona todas las fuerzas democráticas y de lucha.

Un sector de organizaciones de derechos humanos viene haciendo una campaña por que haya “un solo acto”, el 24. Es que, desde hace casi dos décadas, la integración de organismos de derechos humanos al oficialismo bajo los gobiernos kirchneristas generó una división, que tuvo su motivo de fondo en la negativa de los entonces organismos oficialistas a denunciar la continuidad de la política represiva del Estado y del resguardo de los intereses sociales que impulsaron la dictadura militar bajo todos los gobiernos democráticos.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia asumió la tarea de defender, en enormes movilizaciones independientes, la lucha contra la impunidad y la represión “de ayer y de hoy” y levantar una agenda de denuncia sin concesiones de los atropellos a los intereses populares que llevaron adelante todos los gobiernos. El Encuentro denunció, contra toda lavada de cara, que miles de represores de la dictadura nunca fueron juzgados, que los juicios fueron a cuenta gotas y que los aparatos de espionaje y represión del Estado mantuvieron toda la impronta heredada de los viejos grupos de tareas de la dictadura.

De esta forma, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia evitó que el 24 de Marzo se transformara simplemente en un feriado estatizado o en una fecha meramente conmemorativa, en el mejor de los casos, o de un acto oficialista de apoyo a los gobiernos peronistas, en el peor.

La publicación del comunicado del Encuentro -que ya lanza la convocatoria propia- en donde se enfatiza la convocatoria unitaria y la necesidad de que si es así, haya dos documentos, fue mal recibida por los grupos y organismos que fueron oficialistas en los anteriores años. Hasta con una concesión de ese nivel, siguieron insistiendo en que no haya documentos, y que se diluya la convocatoria del Encuentro en consignas que no podrían mencionar a los últimos 40 años de democracia, salvo el gobierno de Milei y la dictadura. Un dislate. Por esto, y a pesar de que en el Encuentro una parte minoritaria siguió insistiendo en llegar a un acuerdo con estos sectores (que no se sabe en qué consistiría más allá de que no tengamos documento propio, o algo consensuado con ellos) se empezó el debate de las consignas, impulsando las que salieron en el comunicado, pero también planteando una continuidad de la criminalización de la protesta, la lucha ambiental contra los gobiernos nacionales y provinciales, la lucha por el salario, la salud y la condición de vida de las masas empobrecidas de los barrios. Se constituyeron dos comisiones para empezar a elaborar el documento del Encuentro y otra para ver la cuestiones organizativas y logísticas de la jornada.

Se puso de relieve también en un primer debate una caracterización del gobierno de Milei y el porqué de la llegada a este gobierno, azuzada por el fracaso del gobierno de Fernández y todos los anteriores. Otra cosa más que se mencionó, a la luz de la crisis con los gobernadores provinciales, es la denuncia contra la represión y el ajuste de los gobiernos de todos los niveles. Torres, gobernador de Chubut y fundamental en esta crisis, viene de decir que es el más ajustador contra el pueblo chubutense. El gobierno de Kicillof protagonizó los grandes desalojos desde 2019, comenzando por el de Guernica. Mantuvo en su cargo desde 2019 a Berni y se han dedicado a reforzar a la Bonaerense del gatillo fácil, responsable de la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Esta política represiva de los gobiernos provinciales tiene una manifestación decidida en el encarcelamiento de piqueteros y luchadores en Mendoza, de docentes por twittear en Jujuy, en las causas armadas contra luchadores populares en Santa Cruz bajo el gobierno de Alicia Kirchner, en los procesos contra quienes apoyaron las huelgas de la salud en Neuquén o en la persecución a los luchadores populares en Córdoba.

No estará ausente la denuncia del protocolo de Bullrich y los reclamos de justicia por Santiago Maldonado o Rafael Nahuel no puede tapar la denuncia de la continuidad de un Estado represivo y los reclamos históricos de justicia contra los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Maxi y Darío, de Mariano Ferreyra, de los qom asesinados por el gobierno de Insfrán, de Carlos Fuentealba, de Facundo Castro, las denuncias por los casos de gatillo fácil de la Bonaerense y las policías provinciales.

El 24 de Marzo vamos a Plaza de Mayo. Son 30.000. Abajo el plan represivo de Milei y los gobernadores. Basta de impunidad. Abajo el ajuste, el DNU y el protocolo represivo. Fuera el FMI. Basta de criminalizar la protesta.

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