Integrantes de la Comisión por la Memoria y otros organismos de derechos humanos, acompañados por vecinos del Bosque Peralta Ramos, donde reside actualmente Miguel Etchecolatz, se presentaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata para reclamar la revocatoria de la prisión domiciliaria otorgada al genocida. Participaron Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo (LF), el legislador del FIT-PO Guillermo Kane, representantes de Apel,  Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y APDH La Matanza y la abogada Guadalupe Godoy, entre otros.

El escrito se presentó en la causa en la cual se investigaron los delitos de lesa humanidad del llamado “Circuito Camps”, solicitando que se deje sin efecto la resolución del Tribunal. En primer lugar, porque Etchecolatz violó la prisión domiciliaria al trasladarse sin autorización judicial, junto a tres hombres de civil, en un vehículo sin identificación, desde su residencia hasta una clínica privada en el centro de la ciudad de Mar del Plata, alegando tener un problema “urgente” de salud, que su defensa no puso probar. 

El escrito fue presentado en una audiencia ante el juez Pablo Vega, titular del TOF 1, en la cual los organismos y vecinos expresaron el agravio y peligrosidad que significa para las víctimas que un genocida goce de este beneficio de impunidad, y que existen pericias médicas que indican que Etchecolatz no padece ninguna enfermedad que no pueda ser tratada en el penal de Ezeiza, donde estaba alojado. Asimismo, los vecinos del Bosque Peralta Ramos, entre los cuales hay hijos de desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura, remarcaron que el barrio está militarizado, que sufrieron amenazas por parte de la esposa de Etchecolatz y que éste recibe visitas de grupos de derecha –como el neonazi Carlos Pampillón, líder del grupo FONAPA– que han amenazado a organismos y vecinos públicamente.

Cabe recordar que los fallos que otorgan el beneficio de domiciliarias al el ex director de inteligencia de la policía bonaerense se encuentran apelados a la espera de la decisión de la Cámara de Casación. Por su parte, la fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, también solicitó que se revoque la prisión domiciliara del genocida. Sostiene, entre otros argumentos, que el tribunal se basó en informes médicos parciales agregados a la causa, pese a que contaban con otros informes forenses de mayor peso que no habilitaban el arresto domiciliario por motivos de salud.

El injustificable beneficio otorgado a Etchecoltaz constituye una suerte de indulto a los genocidas. Retrata el intento del gobierno de emprender una reinserción política de las Fuerzas Armadas, como también se expresó en el homenaje hecho en Azul a los militares muertos en los '70 en enfrentamientos con las organizaciones guerrilleras, que busca establecer una justificación del genocidio reinstalando la teoría de los dos demonios y negando la existencia de una plan sistemático de exterminio. Esa reinserción política es parte del reforzamiento represivo para imponer a la fuerza todo el paquete de ajuste que incluye una reforma laboral antiobrera y despidos masivos en todo el país; así los vemos con la amenaza constante de represión a los trabajadores del INTI o a los mineros de Río Turbio.

Asimismo, Etchecolatz mantiene vínculos sólidos con el aparato represivo, como se puso  de relieve con la segunda desaparición forzada de Julio López. Once años después, el encubrimiento en el caso López es total.

En oposición a esta política de reforzamiento represivo, nos encontramos luchando la cárcel común y efectiva a todos los asesinos de la dictadura, por el desprocesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce y la liberación de todos los detenidos en las enormes movilizaciones contra la reforma previsional de los días 14 y 18 de diciembre y el cierre de las causas a los luchadores.

Preparemos una gran movilización para el próximo 24 de marzo en todo el país, por el juicio y castigo a los genocidas y en defensa del derecho a luchar contra el ajuste y los despidos.