Este miércoles el Tribunal N°7 condenó a Miguel Ángel “Poti” Lomeña a prisión perpetua como autor del homicidio agravado de Darío Ávalos y a Gastón “Narigón” Olivera a 4 años de prisión por homicidio en agresión. Ambos fueron condenados además por tentativa de homicidio y lesiones contra otro trabajador, Dionisio Fernández. El 14 de diciembre un jurado popular los encontró culpables de los cargos en su contra. El juez consideró la calificación del homicidio por entender que los agresores actuaron con premeditación.

Los Amigos y Familiares de Darío Ávalos han logrado de este modo un nuevo logro en su lucha por justicia. En total, ya son 11 los miembros de la UOCRA de Lomas de Zamora condenados por el crimen, seis de ellos con pena de prisión perpetua. La familia Ávalos asegura que no bajará los brazos hasta dar con el principal responsable, el ex secretario general de la seccional, Walter Leguizamón, hoy prófugo de la justicia, y sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de la policía bonaerense que garantizaron la zona liberada donde se produjo el crimen y cubrieron la retirada de los agresores.

Darío Ávalos era un trabajador de la construcción. El 20 de febrero de 2014 participaba de una movilización en reclamo de puestos de trabajo a una obra de la empresa Esuco, ubicada en la ribera de Lomas de Zamora, cuando la banda de Walter Leguizamón, que responde a Gerardo Martínez, los emboscó y atacó brutalmente.

En ese obrador se habían producido unos 50 despidos a instancias de la Uocra, con el objetivo de recuperar el control de la obra desplazando a los trabajadores que no respondían a la seccional Uocra de Lomas de Zamora.

Los trabajadores de la obra recibieron una balacera. Darío Ávalos perdió la vida. Otros trabajadores sufrieron heridas, cuatro de ellos de considerable gravedad.

La violencia es el método habitual de la burocracia contra los legítimos reclamos de los trabajadores y para ajustar cuentas entre sus facciones. En los últimos diez años suman unos 20 muertos entre ataques y enfrentamientos. La responsabilidad le cabe enteramente a Gerardo Martínez, quien es el responsable de haber montado este régimen de patotas criminales que mantienen amenazados y hostilizados a los trabajadores de la construcción.

En el caso Ávalos se encuentran presentes complicidades empresarias y policiales que todavía permanecen impunes. Una parte de los agresores preparó la emboscada dentro de la obra, en connivencia con la patronal. Esuco pertenece al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, actualmente procesado en la llamada “causa de los cuadernos” como uno de los organizadores de la cartelización de la obra pública. Por su parte, la policía bonaerense actuó de común acuerdo con la patota, liberando la zona de la emboscada. No produjo ninguna detención tras la agresión criminal, que involucró a decenas de personas y que fue registrada por las cámaras de seguridad de los alrededores.

Cabrera, uno de los condenados a prisión perpetua, ocupaba el cargo de secretario adjunto de la seccional encabezada por Leguizamón y “la banda del lobizón”, como se autodenominaba su camarilla de matones.

La familia Ávalos se encuentra patrocinada por la abogada Claudia Ferrero, de Apel.