A pesar de las pruebas ofrecidas por la abogada de Dimas, el juez Torres rechazó el pedido de excarcelación de nuestro compañero. En resumidas cuentas, resolvió mantenerlo privado de su libertad “por las dudas”, tirando por la borda su reputación de garantista. La decisión de Torres es exclusivamente política.

El juez Torres “sospecha” que Dimas podría fugarse por temor a una condena, a pesar de que se presentó en su juzgado inmediata y voluntariamente después de haber conocido la existencia de una orden de captura en su contra, y a sabiendas de las altas probabilidades de que Torres le negara la excarcelación, como ya se la había negado a Cesar Arakaki. Contra toda evidencia, Torres arguye que, dado que los delitos que podría imputarle a Dimas –lesiones agravadas por haberlas provocado a un miembro de las fuerzas policiales por su función, cargo o condición, intimidación pública y atentado a la autoridad doblemente agravado– prevén penas que, en  caso de una condena, le impedirían acceder a su ejecución condicional, esto constituye “una presunción flexible de fuga o entorpecimiento”. Un prejuzgamiento arbitrario, ya que contradice la conducta exhibida por Dimas desde el primer momento.

El juez sostiene en su resolución que Dimas “está sospechado de haber arrojado piedras” –no hay una sola imagen en la causa que respalde esta afirmación– y de “haber empleado el estandarte de la bandera que portaba con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes”, como si esto fuera verosímil. Pero esto no es nada.

El punto es que el juez quiere poner en el banquillo de los acusados a la enorme movilización de 300 mil personas, que concurrieron a Congreso para repudiar el robo a los jubilados. “Los hechos descriptos habrían tenido lugar en el marco del actuar de un grupo de personas que, entre otras cosas, habrían producido daños de entidad y lesiones de diversa gravedad a funcionarios públicos y habrían generado a través de vías especialmente agresivas, intimidación y alerta social, tanto en las inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles aledañas, mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional”, sostiene. Y agrega, en el colmo de la arbitrariedad, que Dimas podría poseer “vínculos concretos” con Sebastián Romero, el militante del PSTU imputado por la foto en la que aparece sosteniendo una rama con un petardo atado con cinta de embalar en un extremo.

En su apelación a esta injusticia, Claudia Ferrero –abogada de Ponce y Arakaki y miembro de Apel– le espeta al juez que “lo acusa de tirar piedras que no tiró, de que tuviera algún control sobre los tumultos que no tuvo y que la movilización de miles de personas tuvieran un objetivo de intimidación cuando miles se movilizaron, como es la tradicional práctica del pueblo argentino de expresar en las calles su disconformidad”.

“Esto refleja por un lado, que no se valora que los hechos fueron protagonizados en el marco de una multitudinaria movilización de 300.000 personas, o lo que es peor que lo que se pretende castigar a cualquier persona de esas 300.000, pero si se trata de militantes políticos mejor”, sostiene Ferrero.

Es decir que a partir de dos o tres fotos, el juez Torres, siguiendo los lineamientos dictados por la Casa Rosada, se ha propuesto escarmentar a un movimiento obrero que repudia la enésima confiscación de sus bolsillos a manos de los capitalistas.

Esta tarde, 20 mil personas llenaron la Plaza de Mayo en pleno enero para repudiar estos aprietes. Y esto recién empieza.

Libertad a Dimas Ponce y César Arakaki.