El pasado sábado 4 de julio, en el barrio Villa El Libertador se dio un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez a manos de la división motorizada de la policía de Córdoba. La víctima fatal es un hombre de 35 años llamado Antonio Ávila que murió por un disparo en el abdomen. El crimen policial ocurrió en calle Caracas al 5200

 

Producto de los testigos, la investigación judicial en curso imputó a los cabos primeros Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez por la muerte del mencionado vecino. La fiscal Eugenia Pérez Moreno dictó la orden de detención para ambos policías, y los acusó de homicidio doblemente agravado por la función y el uso de arma de fuego.

 

Debe haber justicia para Antonio Ávila. En los crímenes policiales en el poder judicial se dilatan los plazos, tendiente a otorgarle impunidad. Y cuando se dicta sentencia, esta suele ser benévola para los uniformados.

Este nuevo caso de gatillo fácil también es consecuencia de que los gobiernos le dan vía libre a los abusos policiales en las villas con la excusa de la cuarentena. Sin embargo, como denuncian las organizaciones piqueteras, “con hambre no hay cuarentena”, y mientras el presupuesto para la asistencia social está por detrás, se incrementan los gastos en reforzar un aparato represor, comprando nuevos móviles, otra muestra de la orientación de Schiaretti.

 

Urge desmantelar el aparato represivo del Estado, abrir los libros de las comisarias, terminar con la política abiertamente pro militarización de las barriadas, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del gatillos fácil.  Para esto es necesario la organización de les trabajadores en defensa propia.