El martes 13, trabajadores bancarios despedidos hace tiempo de la Caja Popular, que estaban realizando una volanteada dentro del banco, denunciando distintos atropellos y a funcionarios del banco fueron violentamente reprimidos; primero, por una patota dentro del banco, y luego, afuera, por la guardia de infantería de la policía.

La Caja Popular es la única banca pública en la provincia y desde hace más tres años se encuentra intervenida.

Cuando los hechos represivos se propagaron fuera del banco, se sumaron en apoyo de los trabajadores, varios dirigentes de La Bancaria y hasta el público que veía como la policía desataba una represión indiscriminada y de una violencia pocas veces vista a palazos y balas de gomas. Todos los hechos ocurrieron en la Plaza Independencia. Toda la zona rápidamente quedó acordonada por la policía. Como resultado de la represión, hubo más de 20 heridos. A un trabajador le rompieron la nariz de un garrotazo. Otro trabajador, recibió una perdigonada en la cara y está con pronóstico reservado, pues puede perder un ojo. Otros recibieron balinazos en diferentes partes del cuerpo. Algunos dirigentes y trabajadores fueron perseguidos y detenidos.

Estos hechos se inscriben en el giro represivo que se está operando en todo el país. En esa orientación se encuadra el intento de procesar en el marco de la ley antiterrorista a un periodista santiagueño por publicar información que el gobierno zamorista pretendió ocultar o el intento de sancionar al diputado del PO, Claudio del Plá, por apoyar el reclamo docente de la provincia, o el intento de endurecer la legislación nacional antihuelga.

Tampoco es casual que estos hechos hayan ocurrido en la Caja, donde, la intervención del gobierno, desde su instalación, montó un régimen de intimidación y proscripción a toda actividad de la Asociación Bancaria, sin ocultar incluso el plan de reconvertir a todo el personal bancario en empleado público. Despidos, traslados, aprietes han sido una constante. Todo esto sostenido con patotas de punteros y patovicas y policías que impiden cualquier acción de los trabajadores.

Alperovich, con la intervención, ha procurado tener las manos libres para usar discrecionalmente los fondos para tapar los agujeros fiscales y también para eliminar a la Caja como competencia en el negocio de los juegos de azar (es el principal rubro que administra), para que Tucumán sea una zona liberada para los Cristóbal López, los Alé y compañía.

Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, quien es un sindicalista alineado en la CGT Balcarce, ha declarado que precisamente apoya al gobierno por su política de derechos humanos. Ahora se ha visto obligado a decretar un paro nacional bancario de dos horas para el jueves 15, que en el caso tucumano será un paro activo de toda la jornada. Un síntoma imparable del proceso de disgregación de las bases de sustentación del gobierno, sus propios burócratas tienen que hacerle paros.

Conclusión: asambleas en todos lados para votar el paro contra la represión, la reincorporación de los despedidos de la Caja y la expulsión de la intervención negrera de la Caja Popular.

D. B.