Patricia Bullrich propone reforzar el narco Estado

Insistió en que “controlaría” Rosario con las Fuerzas Armadas.

Ni el gobierno ni Juntos por el Cambio tienen un plan alternativo al copamiento narco.

Cada vez que se presenta la oportunidad, Patricia Bullrich utiliza los medios de comunicación para lanzar una plataforma política represiva revestida de antinarco, con la mira puesta en las elecciones del año que viene. Ahora la presidenta del PRO se refirió al violento desalojo en Villa Mascardi para insistir en utilizar las Fuerzas Armadas para la represión interior: “Si a mí me tocase gobernar, entro a Rosario o al sur el primer día con las fuerzas federales y luego las Fuerzas Armadas”.

Esta igualación entre lo que sucede en Rosario y en la Patagonia no es nueva. Compara a comunidades originarias mapuche, que defienden sus tierras del saqueo de las multinacionales y grandes empresarios, con organizaciones narco amparadas por el Estado. Ya a mediados de este año, en el marco de la presentación de su “Plan Alberdi de seguridad” en la Fundación Libertad, Bullrich había hecho mención a la idea de integrar a las FF.AA. a la “democracia”: “no podemos darle un milímetro de territorio a nadie, ni al narcotráfico ni al RAM en el sur”.

La realidad es que cuando la actual presidenta del PRO fue ministra de Seguridad intervino en la provincia de Santa Fe, no para combatir al narco sino para garantizar la liquidación de la cosecha contra los piquetes obreros en la cosecha gruesa. Este punto es central, ya que el lugar de salida de la droga pasa por los mismos puertos privados donde sale el grano y por allí ingresan las enormes ganancias del negocio narco. En Santa Fe existe un gigantesco régimen narcosojero montado sobre la Hidrovía privatizada del Paraná.

Algo similar ocurrió con el plan del gobierno de Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti con el envío de Gendarmería, promoviendo una saturación de fuerzas represivas que no redundó en una solución sino en todo lo contrario: solo en lo que va del 2022 balearon a 575 personas en Rosario y los muertos ascienden a más de 200. Esto da muestras que ni el gobierno ni Juntos por el Cambio tienen un plan alternativo al copamiento narco y la enorme crisis que sumerge a una gran parte de la provincia en la miseria.

La ciudad de los pibes sin calma

En lo que va de este año en el departamento Rosario hubieron 205 asesinatos, de los cuales se estima que el 70% fueron planificados por alguna organización ligada al narcotráfico y que el 50% de las víctimas son varones menores de 25 años. En la capital de la provincia, los crímenes por encargo llegan al 20% del total de muertes violentas (Observatorio de Seguridad Pública).

Mientras entre oficialismo y oposición se debaten la agenda represiva, el Estado sostiene una zona liberada en los barrios populares. Donde debería haber viviendas hay basurales, que si son ocupados por los vecinos que no tienen donde vivir son desalojados a la fuerza, como ocurrió en la toma del Barrio Toba. Las redes narco se instalan libremente con el total amparo del Estado, allí es donde reclutan a los pibes de los barrios como soldaditos, quienes en las disputas de territorio de las fracciones narco caen asesinados; son el último eslabón de una cadena enorme de negocios capitalistas.

Al narcoestado solo lo podemos desmantelar los trabajadores

Queda claro que el conjunto de los poderes del Estado, los que gobiernan y gobernaron, proponen una profundización represiva que solo será utilizada contra los trabajadores y las masas empobrecidas del país que ganan las calles contra el hambre y ajuste que aplica el gobierno de la mano del FMI. Es el ejemplo de Mascardi, de Guernica y de tantos otros.

Solo la intervención independiente de los trabajadores que enfrente al régimen narcosojero y con medidas programáticas como la urbanización de barrios, el establecimiento de corredores seguros, el control popular de las comisarias, la estatización de los puertos, podemos enfrentar la descomposición de un estado que no tiene nada que ofrecerles a los trabajadores.