El 30 de abril, Facundo Castro salió desde la localidad de Pedro Luro (partido de Villarino) rumbo a Bahía Blanca, donde pretendía encontrarse con su expareja.

Según versiones oficiales, fue detenido por un retén policial en la vecina localidad de Mayor Buratovich. Allí le labraron un acta, ya que no contaba con un permiso de circulación en el marco de la Aspo, constataron que poseía domicilio en Pedro Luro y lo dejaron seguir rumbo a Bahía Blanca.

El 4 de junio, la madre de Facundo radica la denuncia en la comisaria de Pedro Luro, e interviene la  ayudante de fiscal de Villarino bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

En la causa, las declaraciones de los testigos son contradictorias y aparecen varias incongruencias. La versión policial que fundamentó la investigación por “averiguación de paradero” fue dada por los oficiales Curruhinca y Sosa, quienes declararon haberle labrado el acta por infracción a la cuarentena en la localidad de Buratovich. Si bien el acta dice que lo encontraron dentro del pueblo, en la declaración que figura en la causa dicen que fue un retén en la ruta. Asimismo, el  15 de junio ordenaron el primer rastrillaje, resultando infructuoso (la banquina acababa de ser arada). Ese mismo día, la Policía le dio a la familia otra parte de su versión, que hasta ese momento desconocía: la oficial Xiomara Flores, vestida de civil, había llevado a Facundo en su auto particular hasta la siguiente localidad, Teniente Origone. Esa versión fue apoyada por otro policía, quien declaró haber detenido a Facundo en Origone a raíz de una denuncia anónima por violación de la cuarentena, y lo habría dejado continuar rumbo a Bahía Blanca luego de requisarlo. Para sostener esta versión, la Policía presentó varios testigos y relatos, pero su expareja asegura que Facundo nunca llegó a destino y que tampoco logra comunicarse con él desde el 30 de abril.

Las alarmas se encendieron cuando tres testigos se comunicaron con familiares de Facundo. Los tres sostienen haber visto a la Policía subir a Facundo a un patrullero, a tres kilómetros del lugar que indicaron como punto de retén aquel 30 de abril. Los tres se habían presentado para declarar pero nunca fueron convocados por la Policía.

El 2 de julio, su familia presentó una denuncia penal por “desaparición forzada” en la justicia federal, solicitando que se aparte a la Policía Bonaerense de la investigación. Finalmente, también se sumó como querellante la Comisión Provincial por la Memoria, con el mismo pedido de desplazar a la Bonaerense. El historial de hostigamientos policiales contra Facundo, al que hizo referencia su madre, agrava aún más las sospechas de una desaparición forzada a manos de la Policía.

Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, las redes sociales han dado cuenta de los reiterados abusos y humillaciones perpetrados por las fuerzas que componen el aparato represivo del estado, a lo largo y ancho del país, sin distinción del color político del gobierno de turno.

Repudiamos el accionar de la Bonaerense de Kicillof y Berni. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de Facundo. Por una comisión investigadora independiente, conformada por los familiares y Organismos de Derechos Humanos. Apertura de los libros de todas las comisarias, bajo control de vecinos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, para determinar las distintas responsabilidades por parte del Estado. Llevamos más de 60 días sin saber de Facundo. ¡¡Exigimos aparición con vida YA!!