En las vísperas de la movilización por el 20 de diciembre, la Policía de la provincia fue a buscar e intimidar a referentes de diferentes sindicatos de Río Tercero, entre ellos ATE, Químicos, Gráficos, Uepc. La división de investigación de la Policía de la provincia fue enviada a “pedir datos” de quienes conducen las entidades gremiales.

El comisario de Rio Tercero también se comunicó con trabajadores para informarles que “es una cuestión protocolar, una orden nacional, y que venía a las provincias. El director de la policía de la provincia mandó a todos los departamentos a hacer el mismo trabajo”, según declaraciones de un referente gremial, a las que tuvo acceso Prensa Obrera.

Numerosos gremios y organizaciones de DDHH rechazaron el accionar de la Policía de la Provincia de Córdoba. Esto también quedo expresado en un comunicado emitido por la Secretaría de DDHH de la Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Río Tercero.

En mencionado texto dice: “queremos poner en conocimiento a la comunidad de que el protocolo anti piquete de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya comenzó con la persecución e intimidación de nuestros dirigentes, yendo en contra de los y las trabajadoras y atentando contra sus derechos”.

“Ayer personal policial, por orden Nacional y cuestiones protocolares, se presentó en nuestra seccional solicitando datos personales de nuestro Secretario General David Salto; también lo hicieron con los dirigentes del sindicato químico y petroquímico y dirigentes de UEPC. A menos de 24 horas de la medida de fuerza que acompaña nuestra seccional, repudiamos totalmente este accionar de responsabilizar a las organizaciones y culpar a los dirigentes de las protestas, con prisión preventiva y cobranza de costos de operativos a las organizaciones, el mejor protocolo anti piquetes es garantizar dignidad al pueblo, con derechos no hay protestas y no hay represión”.

“También queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros de UEPC y Sindicato de Químicos y Petroquímicos”, finalizó el citado comunicado. Ante semejante gravedad de los hechos, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, guarda silencio aún cuando se sabe que, en ciudades y pueblos del interior, el ejecutivo local mantiene una fuerte injerencia sobre las fuerzas de (in) seguridad. Cabe recordar que el mencionado político, pertenece a un espacio que también está en sintonía con el gobierno de Milei.

El accionar de la Policía de Llaryora responde no solamente a un apoyo político del gobierno de la provincia de Córdoba, sino a una integración política del PJ cordobés a la gestión de Milei. En ese sentido, cuadros del riñón del “cordobesismo” pasaron a integrar altos cargos en el Ejecutivo nacional.

En esa perspectiva, el gobernador Llaryora realizó declaraciones a diferentes medios de comunicación afirmando: “acompañamos el ajuste fiscal”, es decir que apoya el plan de guerra contra lxs trabajadores, y en particular contra lxs estatales. Por eso, el gobierno provincial pretende desconocer la paritaria que Schiaretti firmó; la Uepc capital respondió con asamblea, movilización, y pedido de una recomposición salarial.

La persecución e intimidación contra los referentes gremiales será rechazada con la movilización popular del 20 de diciembre. En este cuadro de ajuste y hostigamiento contra el movimiento obrero es necesario construir un frente único de trabajadores, ocupadxs, precarizadxs, desocupadxs para derrotar el plan motosierra de Milei y sus cómplices, plan de lucha por la huelga general. Solo lxs trabajadores podemos darle una salida a esta crisis.

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