Tras la crisis de la Libertadores que se llevó puesto al ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró boleto para subirse al tren bolsonarista de Patricia Bullrich –aunque está en veremos si éste no termina descarrilando.

Primero anunció su adhesión al protocolo de la ministra que habilita el uso a discreción de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, aunque por el momento una resolución del juez Roberto Gallardo suspendió su aplicación en territorio porteño.

Luego adelantó que intentará avanzar –por tercera vez– en la implementación en la Policía de la Ciudad de las pistolas Taser, que por vía de descargas eléctricas dejan paralizadas a sus víctimas. En 2010, su uso fue suspendido por la Justicia, y luego en 2016, a pesar de que la Corte Suprema de la Nación la habilitó, Rodríguez Larreta archivó la iniciativa por el rechazo popular. Se trataría de una prueba piloto para extenderlo a todo el país, según consignó La Nación (6/12). Ya en tiempos de CFK, el entonces ministro de Seguridad Sergio Berni señaló en defensa del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri que “no dudaría que mis policías las usen” (Clarín, 19/3/15).

La pérfida presentación de las Taser como “no letales”, que ahora repiten el gobierno y los medios oficialistas, ya ha sido respondida por el Comité contra la tortura de la ONU, que la calificó como una “forma de tortura” por el dolor intenso que genera –pudiendo causar hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos y hasta fracturas–, y refutada por los informes de Amnistía Internacional, que registraron entre 2001 y 2012 unas 497 víctimas letales. La propia Bullrich reconoció el asunto a principios de año, al señalar en una entrevista que se trata de “un arma que en el 97% de los casos no es letal” (LPO, 7/2).

El segundo en Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro, reconoció que las picanas policiales serán utilizadas contra la protesta popular, crecientemente estimulada por el ajuste en curso. “Vamos a profundizar la utilización de armas no letales en las manifestaciones y protocolizar su acción”, sentenció (La Nación, ídem).

En cuanto a la seguridad ciudadana, que Ciudad y Nación buscan explotar ahora como eje de campaña electoral, las iniciativas represivas sólo empeoran la cuestión, ya que se le dan más herramientas y pertrechos a fuerzas responsables de las zonas liberadas y entrelazadas con el narcotráfico, las barrabravas y las redes de trata –como revelan periódicamente los “carpetazos” dentro de la Policía de la Ciudad.

Repudiamos este reforzamiento represivo y alertamos a la población que las picanas estarán en manos de la misma policía cómplice del narcotráfico y de las barras bravas que tienen en vilo al país.