Es realmente sorprendente que toda la izquierda, el centro-izquierda y las organizaciones de derechos humanos rechacen la reivindicación de un plebiscito para que se puedan anular las leyes de punto final y de obediencia debida. Sorprendente, porque las encuestadoras revelan que del 60 al 70% de la población con edad de votar, quiere efectivamente esa anulación y el enjuiciamiento de los criminales y torturadores amnistiados.

El argumento más serio que se haya escuchado en contra de la reivindicación del plebiscito es que el juicio y castigo a todos los culpables es un reclamo imprescriptible, es decir, que seguirá vigente para sus defensores incluso si un plebiscito lo rechazara. Pero es un argumento que se vuelve en contra de quienes lo esgrimen, porque en la suposición de que un plebiscito avalara la impunidad, ello no impediría a quienes luchamos contra ella a seguir con nuestras denuncias y a aprovechar el surgimiento de nuevos datos de cualquier tipo o de factores de crisis de cualquier carácter para reforzar ese reclamo. Creer que un plebiscito desfavorable anula la legitimidad histórica de una reivindicación significa adherir ciegamente al leguleyismo jurídico. Esto es precisamente lo que hacen los opositores al plebiscito cuando les reclaman a los diputados "que cumplan con su deber", o cuando dicen que apoyan al bloque de Cafiero y Bravo, cuando es sabido por todos que nada de esto anulará el punto final y el indulto.

Aunque las encuestas otorgan abrumadora mayoría a la anulación, podría ocurrir que en una campaña política para un plebiscito, el frente único de la Alianza, el PJ, Cavallo, Bussi, Sapag, la CGT, el episcopado, etcétera, logre modificar la opinión de una parte grande o chica del electorado. Pero incluso en este caso sería altamente saludable una campaña política que pudiera mostrar la unidad fundamental de todos los fingidos grupos opositores con el menemismo, lo que produciría un esclarecimiento político de alcance histórico en el país. Las masas podrían hacer una experiencia sin precedentes, que las habilitaría para iniciar un nuevo rumbo.

Un plebiscito que anule las leyes de la impunidad se encuentra prohibido por la Constitución nacional, de la misma manera que lo estaba la reelección de Menem en la Constitución anterior y la re-reelección en la reformada. Se trataría de hacer por abajo lo que Menem hizo e intenta volver a hacer por arriba: imponer a pesar de todo el plebiscito, bajo presión popular.

La palabra plebiscito puede confundir debido a que normalmente alude a una convocatoria al pueblo de parte de los Poderes Ejecutivos que quieren pasar por encima del Congreso nacional. Pero en este caso sería una convocatoria reclamada por el pueblo mismo, en sus propios términos, contra el poder ejecutivo indultador.

Lo grave de la incomprensión que reina en todo este asunto es que no se percibe la situación excepcional que ha creado la crisis parlamentaria suscitada por la obediencia debida. Esta crisis tiene su raíz más honda en la lucha inclaudicable que se ha mantenido hasta ahora, en la crisis provocada por el asesinato de Cabezas y el atentado a la Amia, en el furor popular que desata el ‘gatillo fácil’ y la impunidad de los crímenes de los ‘niños del poder’(Catamarca, Cruz del Eje, San Luis, Mendoza, Cipolletti, Jimena y Nahir Mustafá), en la descomposición de aparatos vitales de la represión como la ‘bonaerense’, la ‘federal’, la ‘mendocina’, la ‘neuquina’, la ‘fueguina’, la Side, la‘justicia’, etcétera. Dejar pasar esta situación excepcional sólo contribuye para que los encubridores de Astiz restañen las heridas y preparen una contraofensiva.