Pollicita rescata a Adorni mientras persigue a las cocineras de los comedores populares
El fiscal busca que el exfuncionario zafe de la acusación de enriquecimiento ilícito, que resulta evidente para toda la población.
El fiscal Gerardo Pollicita pretende que Manuel Adorni deje de ser investigado por enriquecimiento ilícito porque “no pudo” refutar su explicación sobre una supuesta fortuna en Bitcoin. Es el mismo fiscal que persigue y reclama ampliar las imputaciones contra quienes sostienen los comedores del Polo Obrero. Para los funcionarios de Milei hay indulgencia e impunidad, pero para quienes luchan contra el hambre solo persecución penal.
Pollicita pidió que el expediente de Adorni pase a la Justicia Penal Económica para investigar una posible evasión tributaria, al considerar que no pudo probarse que el incremento patrimonial del exfuncionario se produjera desde su llegada al gobierno. No se trata de un sobreseimiento, pero sí de un giro que desactiva -si lo avala otro amigo del poder, el juez Ariel Lijo- la investigación bajo la figura de enriquecimiento ilícito.
La propia fiscalía relevó gastos por 402.578 dólares, de los cuales 374.081 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de más de 43 millones de pesos entre ingresos comprobados y erogaciones. Compras inmobiliarias en el country Indio Cuá y la calle Miró, reformas, viajes y hasta cuotas escolares componen el tren de vida que Adorni no podía explicar con sus ingresos declarados. Adorni siquiera fue llamado a indagatoria por Pollicita.
El milagro de los bitcoins
La defensa de Adorni afirma que entre 2014 y 2018 invirtió 200.000 dólares en Bitcoin y que su venta le reportó 591.544,61 dólares, conservados en efectivo durante años. Una explicación que intenta colocar abruptamente el origen de la fortuna antes de su llegada al gobierno, y que Pollicita consideró que “no pudo” refutar: ni tampoco se esforzó mucho.
La figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado se produzca durante el ejercicio de un cargo público. La estrategia de Adorni fue trasladar el origen de esos fondos al pasado para justificar las propiedades y gastos, inventando la “teoría de los bitcoins”, con la ayuda de un fiscal que facilita las coartadas de los amigos del poder pero persigue a las y los luchadores sociales y trabajadores de los comedores populares del Polo Obrero.
La persecución contra quienes combaten el hambre
Estamos hablando del mismo Pollicita que, junto al juez Sebastián Casanello, impulsó la persecución judicial contra el Polo Obrero. En abril pidió nuevas indagatorias contra diez compañeras de los barrios 1-11-14 y La Carbonilla, organizadoras de comedores populares y reclamos vecinales, sumándolas a los dirigentes de la organización que ya enfrentan un juicio.
Pollicita también reclamó ampliar las acusaciones por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, agravando la ofensiva contra Eduardo Belliboni y otros militantes. No le tiembla el pulso para pedir nuevas indagatorias cuando se trata de quienes organizan los barrios más humildes, pero ante las propiedades y el dinero en efectivo de Adorni opta –llamativamente- por abandonar la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
Pollicita ensaya un lavado de cara para un funcionario cuyo tren de vida se disparó al llegar al poder, mientras se persigue a quienes se organizan en los barrios contra el ajuste y por trabajo genuino: la doble vara de la Justicia nunca estuvo tan de manifiesto. Hay que terminar con la criminalización del Polo Obrero y defender a sus compañeras y compañeros frente a esta ofensiva judicial, exigiendo que se investigue hasta el fondo el patrimonio de Adorni.
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