Por la tarde del lunes 25 de abril fue imputado el dirigente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de Mendoza, Víctor da Vila, junto a otras cuatro compañeras del Polo Obrero. El “delito” es haber reclamado trabajo genuino mediante el acampe piquetero del 30 de marzo. El pasado viernes fue imputado por lo mismo Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero y delegado sindical de Sitea.

La imputación es por el artículo 194 del Código Penal, que el gobierno de Alfredo Cornejo primero y Rodolfo Suárez ahora utilizan para para perseguir y criminalizar a los luchadores. Esta es la respuesta del gobierno de Juntos en Mendoza al reclamo urgente de trabajo genuino. También constituye un ataque a los opositores políticos de la gestión provincial.

El gobierno de Suárez le teme, más que a cualquier cosa, a las grandes luchas como la de los vitivinícolas, la defensa del agua, la salud y la educación.

Se trata de un gobierno que no pudo hacer progresar medidas estratégicas como la megaminera y la reforma privatista de la educación, porque encontró una reacción popular que lo obligó a retroceder. Ahora pretenden avanzar con el Código Penal y el garrote  criminalizando la protesta.

EL FIT-U viene esforzándole por darle una expresión política a los reclamos populares como el trabajo, la salud y la educación, justamente por este motivo la imputación a Víctor da Vila tiene un carácter abiertamente político y se suma a otras dos, en ocasión de un paro nacional de CGT y del reclamo de alimentos.

La imputación contra destacados luchadores y dirigentes políticos de la izquierda no es un abierto ataque a las libertades democráticas. Por esto, reclamamos el cierre de las causas contra los compañeros imputados. El conjunto de luchadores, trabajadores y organizaciones deben pronunciarse en este sentido y por la plena vigencia del derecho a reclamar.

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