En marzo de este año nueve escuelas de Iguazú no inician las clases en repudio a las medidas gubernamentales de imponer 1.000 pesos por año y por escuela para su mantenimiento. Esta medida, impulsada en sus inicios por directores y maestros, es asumida rápidamente por los padres, que se reúnen en asambleas autoconvocadas en las que deliberan, resuelven y coordinan la protesta.

El gobierno mandó a reprimir el corte fuera de su jurisdicción, en ruta nacional, pero la policía fue obligada a retirarse por la resistencia de padres y docentes, y la movilización masiva de los pobladores en apoyo. La represión fue pedida por la Cámara de Turismo de Iguazú.

Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a firmar un acta acuerdo en la que se estableció una mesa de diálogo para abordar la totalidad de los reclamos, y se establece la no sanción de Ramona Romero y los docentes que acompañan la protesta de los padres.

Sin embargo, la única respuesta que llegó fué que a las 19 horas. Luego de haber cortado la luz de la delegación escolar, en el medio de la oscuridad y rodeada de treinta policías, una persona que dijo ser funcionaria del gobierno notificaba a Ramona Romero de su separación del cargo y la instrucción del sumario.

El lunes 21 de julio, después de una sesión del Concejo Deliberante existe un enfrentamiento entre policías y vecinos donde una madre es herida por la policía, y se monta otra provocación policial ya que se intenta procesar por resistencia a la autoridad a Ramona Romero cuando esta no estaba en el lugar sino adentro del Concejo Deliberante, como afirman los periodista presentes. En esta sesión se destituye a la presidente del mismo por oponerse a un fraude del intendente y por manifestarse a favor de los reclamos de padres docentes y padres.