Durante la noche del pasado miércoles 5 fueron detenidos dos choferes bajo la acusación de ser supuestos responsables de la agresión sufrida por el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuando fue repudiado y expulsado del piquete de trabajadores del transporte que se manifestaban por la muerte del chofer Daniel Barrientos.

La detención de los trabajadores, y la investigación que busca dar con la identificación de otros trabajadores, despertó el rechazo de los trabajadores de más de ocho líneas de colectivos de la zona oeste, quienes se encuentran paralizando el servicio: una respuesta autoconvocada, sin participación de la burocracia de la UTA, y que plantea extender a otras líneas del Amba, ante este ataque contra los trabajadores.

Sergio Berni había señalado que no judicializaría a los trabajadores, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, formuló presentaciones ante la Justicia nacional.

Una vergüenza: un operativo de guerra para detener a los choferes de la línea 620 mientras la policía encubre y protege a los narcos y bandas delictivas. pic.twitter.com/NVYZHugIwG

— Gabriel Solano (@Solanopo) April 6, 2023

Los detenidos, bajo las órdenes del fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Fel Rolero Santurián, a cargo de la investigación de los delitos de “lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad”, son Jorge Galiano y Jorge Zerda, trabajadores de las líneas 218 y 378 de la empresa Almafuerte, la cual también fue allanada en búsqueda de los legajos personales e información de otros trabajadores.

El carácter de los destinatarios de estas detenciones tira por la borda la hipótesis circulada por el gobierno de Axel Kicillof y el propio ministro y sus allegados de que la agresión se habría debido a una “emboscada” de sectores “ajenos a los trabajadores”, con fines políticos. También desnuda la naturaleza de un régimen político decadente que detiene a los compañeros del chofer asesinado y deja intacto el crimen organizado y las responsabilidades detrás de la muerte de otro trabajador.

La reacción de los choferes ante la provocación de Berni tiene sus orígenes en las promesas incumplidas, las cuales le costaron la vida a Daniel Barrientos. En 2018, luego del asesinato de Leandro Alcaraz, también de la línea 620, el gobierno de la provincia reglamentó la ley que establece el uso obligatorio de las cámaras de seguridad en los colectivos, pero el gobierno de Vidal y luego el de Kicillof no cumplieron con la aplicación.

Al final meten presos a los compañeros del chófer asesinado mientras los narcos siguen libres. ¡Qué liberen ya a los trabajadores detenidos!

— Gabriel Solano (@Solanopo) April 6, 2023

En 2020 -ya con Kicillof- luego del asesinato del chofer Pablo Flores, de la misma zona de Virrey del Pino (La Matanza), Berni se comprometió a la instalación de las cámaras en el plazo de un año, cuestión que tampoco cumplió. Además, la empresas se embolsaron $2.500 millones que el gobernador destinó para tal propósito, sin que se controlara ni verificara su utilización.

El ministro Alak incluso va más lejos en las imputaciones, señalando que los hechos sufridos por Berni configurarían los “delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública”.

Los choferes detenidos serán indagados recién este viernes, por lo que se mantienen privados de su libertad. Exigimos su inmediata liberación, el fin de la persecución judicial contra los trabajadores y el cumplimiento de todos los compromisos y las medidas de seguridad urgentes y necesarias: cámaras de seguridad, cabinas para los choferes, inversión en luminarias y urbanización, terminar con las zonas liberadas, etc.

https://prensaobrera.com/politicas/el-significado-del-que-se-vayan-todos-de-los-choferes

https://prensaobrera.com/politicas/la-inseguridad-en-la-provincia-de-buenos-aires