Le han puesto fecha de inicio al juicio contra César Arakaki, Dimas Ponce, Daniel Ruiz y un militante de la UOM Quilmes, quienes participaron de la movilización masiva de 300.000 personas, que se concentró el 18 de diciembre de 2017, frente al Congreso de la Nación contra la consumación del robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados, mediante una reforma previsional reaccionaria. Esos miles de trabajadores se encontraron con un operativo represivo que, por decisión del gobierno, tenía el objetivo de dispersar a la fuerza la movilización.

Durante más de dos horas los manifestantes defendieron su derecho a movilizarse, contra una agresión policial inusitada. Esa misma noche, cuando todavía se votaba esta confiscación en el Congreso, proliferaron cacelorazos en todo el país para rechazar la represión, mostrando que el pueblo argentino respaldaba a quienes se movilizaron.

Pero la respuesta del Estado no tardó en llegar, buscando amedrentar a los luchadores. Era inadmisible para el gobierno que miles de trabajadores desafíen las medidas de ajuste, desoyendo a la burocracia de los sindicatos, y resistan la represión policial. Así es que fueron procesados los compañeros, además de otros once que aún no irán a juicio porque no se ha cerrado la etapa de instrucción.

Esta causa contra los luchadores tuvo su nacimiento desde los medios de comunicación. Empezó con la demonización de Sebastián Romero, el militante del PSTU que fue filmado con un mortero casero, y siguió con el llamado de Eduardo Feinman a detener a otros militantes del Partido Obrero como César Arakaki, utilizando una foto de su Facebook en la que porta con un arma cuando la imagen pertenecía a una película en la que actuó.

Luego, y tras las bravuconadas de Bullrich, rápidamente llegaron las órdenes de detención y los militantes del PO Arakaki y Ponce permanecieron más de veinte días privados de su libertad, hasta que fueron liberados en medio de una fuerte campaña de agitación y movilización. Ocho meses después fue detenido Daniel Ruiz, otro militante del PSTU, cuya imputación fue aún más difusa y la negación a excarcelarlo evidenció que era tomado como un rehén de la Justicia ante la incomparecencia de Romero, por pertenecer a la misma organización. Ahora, tras varias movilizaciones y hasta una huelga de hambre, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación resolvió su liberación.

Los cargos de la causa están bajo el tinte ideológico del fiscal Germán Moldes, quien calificó a los imputados de “fieras antisociales” por su “desprecio al marco normativo” y atribuyéndoles la pertenencia a una supuesta “milicia” cuya finalidad habría sido “impedir el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”. Contra este engendro reaccionario vamos a una gran campaña por la absolución de los compañeros.

¡Vivan los luchadores contra la reforma previsional! Absolución de Arakaki, Ponce, Ruiz y todos los compañeros. ¡Abajo el ajuste y la represión!