Desde hace cuatro meses, está pendiente una campaña por la absolución de Gudiño y Morales, de los obreros de FP y de los tres militantes del PO –Federico Deccopet, Carlos Súarez y Esteban Zaric.

Estos ataques estaban inscriptos en la política represiva de Scioli, contra el derecho de huelga. El gobierno está dispuesto a utilizar todos los recursos y el poder del Estado para impedir una reacción de los trabajadores. Para ello, vienen aplicando una política de conjunto: las vías administrativas (Suteba), la vía judicial (Fargo, FP, Tatsa, etc.), la gendarmería (en Misiones contra Zeretski, etc.), la militarización y la represión (Kraft) y la censura política a quienes alzan su voz contra este ataque (juicio de Othacehé a Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal).

Con esta artillería, Scioli intenta transformar a los luchadores en delincuentes comunes, como ya lo expresara la fiscal en la causa de FP. La rapidez con la cual está actuando la Justicia en este caso responde a las urgencias políticas del gobierno.

Es necesaria una campaña política centralizada y planificada sobre el movimiento obrero con respecto al juicio de los trabajadores de FP y de los militantes procesados.