El Tribunal Oral en lo Criminal 16 de la Capital Federal fijó para el 12 de junio la fecha de inicio del juicio oral contra el perito Roberto Locles, acusado por “inutilización de un objeto de prueba”. Locles llegó a la causa por el crimen de Mariano Ferreyra contratado por un defensor de Pedraza. Durante la instrucción, en una junta de peritos y delante de numerosos testigos, golpeó contra una mesa el proyectil que mató a Mariano hasta abollarlo. Su propósito fue destruir las marcas que probaban que la bala había sido disparada en línea recta hacia los manifestantes.

El juicio tendrá lugar poco antes de que el Tribunal Oral 21 difunda los fundamentos de su veredicto contra Pedraza, hecho previsto para el 17 de junio.

Locles fue propuesto en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra por la defensa de Guillermo Uño, un miembro de la Unión Ferroviaria absuelto por el tribunal oral. Se trata del abogado Gustavo Igounet, quien -a pesar de que su cliente no estaba señalado por haber disparado- centró su discurso y defensa en la teoría de que Mariano Ferreyra podía haber sido asesinado por “fuego amigo”, punto que incluso ‘ilustró’ agregando a la causa una ofensiva caricatura al respecto.

De las escuchas de la causa principal se pudo establecer que los honorarios de Igounet eran abonados por la Unión Ferroviaria, y que reportaba al número dos de Pedraza, Juan Carlos “Gallego” Fernández, todas las novedades de la causa, especialmente las actuaciones del ‘perito’ Locles.

Pedraza

Se espera que Locles base su defensa en presentarse como una víctima de la “confabulación” para condenar a Pedraza. El ‘perito’ acusado fue un agente provocador al servicio del ex secretario general de la UF. Si bien niega conocerlo, desde el principio de su participación en el expediente inició un recorrido por los medios de comunicación tratando de instalar la versión del homicidio ‘no intencional’ y, por lo tanto, de la imposibilidad de acusar a Pedraza por instigador. El accionar delictivo de Locles fue tenido en cuenta entre los fundamentos del juzgado y de la fiscalía de Fernando Fiszer al momento de negarles la excarcelación al líder sindical José Pedraza; a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y al delegado Claudio Alcórcel, durante la instrucción, por considerarlo una demostración de que, desde el gremio, se intentaba entorpecer el proceso judicial.

En definitiva, Locles enfrenta un juicio penal en su carácter de mercenario de Pedraza y de Juan Carlos Fernández, y corresponde que acompañe el camino de aquellos con su propia condena.