El lunes 27 de octubre se realizó en el Hotel Castelar, ante la misión en Buenos Aires de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la presentación por parte de distintas organizaciones políticas de las denuncias sobre la situación de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos en nuestro país.

El Polo Obrero, a través de Néstor Pitrola y la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) en el Polo Obrero, estuvieron presentes en dicha convocatoria.

Allí pusimos de manifiesto la actitud de doble discurso del Gobierno Nacional, cuyo jefe se proclama “hijo de las Madres” mientras cierra un acuerdo confiscatorio con el FMI, que congela por años los salarios y jubilaciones, y persigue a los luchadores populares con “el Código Penal en la mano”. A pesar de la humareda levantada con las privatizadas, se viene el aumento de tarifas que acarreará otro duro golpe al bolsillo de los trabajadores. Por otra parte, le perdona al grupo Macri la deuda del Correo por seiscientos millones de dólares.

También denunciamos que el gobierno K ha cerrado más de 75 convenios colectivos por empresa, que agravan la flexibilidad laboral de los trabajadores, y que no existe la tan mentada “libertad sindical”. Al lado de la superexplotación de los trabajadores ocupados, convive la desocupación en masa de millones de habitantes.

En cuanto a la propaganda gubernamental con relación a la descriminalización de la protesta social, la misma quedó desbaratada con las represiones llevadas a cabo por el gobierno en tan sólo 5 meses de ejercicio del poder. Luego de lo ocurrido el viernes en el Ministerio de Trabajo con el Futrade, el ministro de Trabajo, Tomada, salió a declarar que no habrá aumento de planes por falta de presupuesto. Pero sí hay plata para rescatar a los bancos y pagar la deuda usuraria.

Pusimos en conocimiento de esta Comisión, que en la causa de Puente Pueyrredón la Justicia se encargó de procesar a unos pocos policías, sin tocar al poder político provincial y nacional, responsables directos de la masacre perpetrada. Sin embargo sí hay una causa contra los dirigentes piqueteros por violar la ley de defensa de la democracia, con relación a los hechos ocurridos el 26 de junio de 2002, dejando en claro que la sombra de la represión recorre el país.

Por ello, nos pronunciamos por la descriminalización de la protesta social, por el desprocesamiento y la despenalización.