Continúan detenidas quince personas imputadas por la jueza Ramond de haber cometido el delito de coacción agravada, ba­sándose para sostener esta hipóte­sis en que la comisión del hecho está probada porque en definitiva la Legislatura no pudo sesionar (se refiere al 16 de julio).

En primer lugar, jurídicamente es una aberración, puesto que la coacción se configura con la realización efectiva de una amenaza, y no depende de un resultado. La jue­za sostiene que lo que prueba su imputación es justamente un resultado: la imposibilidad de sesionar, pero no existe ningún indicio que muestre la existencia de amena­za alguna proferida a los diputados.

En segundo lugar, a la luz de lo ocurrido el 22 de julio, ha quedado demostrado que la imposibilidad de llevar adelante la sesión para la aprobación del Código Contravencional, no se debió a los incidentes, sino a la propia crisis de macristas e ibarristas, que no se pueden po­ner de acuerdo debido a los dife­rentes intereses mafiosos que de­fiende cada uno.

Lo cual nos lleva a la conclu­sión de que los detenidos son re­henes políticos del gobierno, que pretende demostrar su decisión de reprimir la protesta social, apelan­do si es necesario a la violación li­sa y llana del derecho de defensa de los imputados.

Exigimos:

• Inmediata liberación de los 15 de­tenidos.
• Desprocesamiento ya de los 23 imputados.