El recrudecimiento del ajuste de la mano del gobierno y el FMI vino acompañado de una profundización de la persecución a dirigentes sociales y de lucha. La ecuación es clara para todos los que han gobernado: cuando crecen las necesidades de organización de la clase obrera, producto del deterioro fenomenal de las condiciones de vida, la respuesta siempre viene en este sentido. Es la orientación de todo un régimen que intenta ponerle un bozal a los sectores de trabajadores que se movilizan y se organizan.

Recordemos que en 2020, a meses de haber comenzado la pandemia, el gobierno de Fernández tomó una serie de medidas para empoderar particularmente a la policía, como por ejemplo el “mega plan de seguridad bonaerense” que implicó una inversión histórica para reforzar el aparato represivo y cuyo balance dejó planteado un aumento indiscutible de los casos de gatillo fácil en la provincia, junto a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Fue en ese momento donde realizamos un plenario nacional anti represivo, en conjunto con distintas organizaciones políticas, de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia estatal. Allí se tomaron importantes resoluciones tales como jornadas de lucha de alcance nacional.

Hoy esta necesidad está nuevamente planteada en la escena política. Asistimos a una época donde la represión estatal toma un gran alcance y deposita sus esfuerzos en disciplinar a las organizaciones a fin de desarmarlas ante el ajuste del gobierno y las tentativas de avances patronales.

El disciplinamiento de los trabajadores, y el ataque a las organizaciones que llevan adelante la lucha reivindicativa de las masas, se presenta como una necesidad para poder cumplir con los reclamos del FMI, que incluyen tarifazos, reformas laborales, previsionales e impositivas, como también recorte de la llamada “asistencia social”.

Esta ofensiva criminalizadora toma su forma más corpórea en los ataques perpetuados hacia las organizaciones piqueteras. Desde múltiples y feroces ataques mediáticos, que han decantado ni más ni menos que en causas contra Gabriel Solano y “Chiquito” Belliboni, pasando por una sucesión de allanamientos ilegales, detenciones e imputaciones de dirigentes, entre los métodos más implantados.

Tal fue el caso de Sebastián Copello, del Polo Obrero en Jujuy, que en conjunto con dirigentes de otras organizaciones (FOL, MTR 12 de Abril, Santillán) fue detenido por la política persecutoria del régimen de Morales. Aquí el Estado se destaca en su accionar represivo siendo que las causas armadas se encontraron con un modus operandi que involucra la infiltración e inteligencia sobre los activistas y luchadores, y la constitución de “grupos de trabajo”. Ha salido a la luz que fue la propia justicia jujeña la que ordenó a la policía que “individualice a los dirigentes” de las organizaciones de desocupados para lo cual la policía creó “equipos” para justamente infiltrar a las organizaciones. Un salto cualitativo en los mecanismos persecutorios contra las organizaciones populares mostrando los peores métodos de las políticas anti obreras.

A su vez, en CABA, fueron allanados los domicilios particulares de varios militantes de la CCC como así también un comedor que funciona en un local partidario. Aduciendo un supuesto “averiguación de delito” encubren que no hay motivo previo que justifique el accionar de las fuerzas represivas, sino que por el contrario, a través de los allanamientos buscan encontrar motivos para allanarlos.  Una política sistemática de “salir de pesca” con solo fin de amedrentar y disciplinar a los luchadores.

En su intento por judicializar la protesta social han armado causas de todo tipo. Por ejemplo bajo la figura de la asociación ilícita se busca tomar represalias contra el conjunto de una organización y perseguir a sus dirigentes.  Asistimos a la transformación del derecho constitucional de peticionar a las autoridades, cuando se expresa multitudinariamente y en la calle se transforma en una acción delictiva perseguida por la justicia penal muchas veces bajo la figura de “extorsión”.

En Mendoza se viene llevando adelante una escalada contra la organización sindical arrancando por la militarización de asambleas, hostigamiento a dirigentes sindicales llegando hasta la detención e imputación de varios de ellos como es el caso de los estatales de dicha provincia, por mencionar solo un caso. Existe una clara violación a las libertades democráticas tal como sucede en Neuquén, Buenos Aires, CABA, entre otras.

Los distintos discursos patronales respaldan esta orientación. Pasando por Cristina Kirchner como Javier Milei, funcionan como el sustrato ideológico aleccionador y represivo contra la protesta social y particularmente de las organizaciones de desocupados. Del “Movimiento Anti Piquete” de Marra-Milei al de al ataque de CFK contra las organizaciones piqueteras no cooptadas para meterlas dentro del control de los intendentes del PJ.

Mientras, los medios de comunicación y políticos que tanto parecen indignarse contra los piqueteros, poco refieren a las muertes bajo el gatillo fácil o los femicidios. Otras situaciones siguen en completa impunidad. La causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado está empantanada en la Corte Suprema. La causa de Facundo Astudillo Castro sigue sin avances sustanciales, ningún policía fue si quiera removido del puesto. Siguen condenados los compañeros Arakaki y Ruiz por la reforma jubilatoria macrista de 2017. Y siguen las deudas pendientes de los distintos gobiernos democráticos como la apertura de los archivos de inteligencia de la última dictadura.

Es necesario darle una respuesta a estos atropellos colocando al plenario como una alternativa independiente de organización y lucha. Somos muchas las organizaciones que, más allá de nuestras diferencias, luchamos codo a codo por la defensa de las libertades democráticas y derechos humanos, gobierne quien gobierne. Vamos por un gran plenario nacional anti represivo para discutir un plan de lucha que enfrente este ataque contra nuestro pueblo y sus organizaciones.

https://prensaobrera.com/politicas/comenzo-el-paro-del-sutna-y-la-movilizacion-del-sindicalismo-combativo-a-plaza-de-mayo